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sábado, 12 de febrero de 2011

Obama anula Amnistía Internacional y presidente de Yemen, periodista permanece encarcelado

Enviado por GeorgieBC el Sáb, 02/12/2011 - 07:42
Los manifestantes en el sur de Yemen pidió la secesión del sur independientes una vez hoy. Las fuerzas de seguridad estaban fuera temprano en el día con los tanques y la policía para obligar a los manifestantes hacia el interior. Decenas de manifestantes se trasladaron fuera de las calles de Adén, pero docenas logró salir en el cráter, Maksar Khor y Al-Mansura, y varios cientos de personas en Zinjibar. La policía de Al-Masura, dispararon tiros de advertencia y gases lacrimógenos. Algunos informes dicen que miles de manifestantes salieron en todas las provincias.

Como WL Central informó el 1 de febrero, el presidente Ali Abdullah Saleh, había anunciado que iba a dimitir después de su segundo mandato presidencial expira en 2013. cables posteriores publicadas por Wikileaks indican que puede haber sido más de una concesión predispuesto a los EE.UU. que a los manifestantes. Cable 05SANAA1790 de junio de 2005 dice relación con Saleh, "A nivel nacional, sin embargo, ha de ejecución de reformas que pueden poner en práctica sin ningún costo político para sí mismo. Cada vez más ansiosos acerca de las próximas elecciones presidenciales, y ya preocupada por la sucesión, es poco probable Saleh permitirá un candidato de la oposición viable a desafiarlo en 2006. La visita es una oportunidad para presionar a Saleh no modificar la Constitución para que pueda correr de nuevo en 2013 por elogiándolo por traer el Yemen hasta el punto en que puede confiar en el sistema en lugar de producir un sucesor legítimo. La incitación aquí podría ser una demostración pública de apoyo a través de un papel más importante en los foros públicos, como el G-8. "

Abdul Ilah Shayi
WL Central también revisó un informe el 19 de enero de un periodista yemení encarcelado tras basado en la participación de EE.UU. en ataque con misiles. Abdul Ilah Shayi había acusado a los EE.UU. de estar involucrados en un ataque contra la comunidad de al-Ma'jalah en el área de Abyan, Yemen del Sur, que tuvo lugar el 17 de diciembre de 2009 y mató a 55 personas, entre ellas 14 mujeres y 21 niños. Shayi había escrito artículos acusando al gobierno de los EE.UU. de la participación y había sido entrevistado por Al Jazeera. Fue condenado el 18 de enero a cinco años de prisión por el Tribunal Penal Especializado en la capital, Saná, por sus supuestos vínculos con Al-Qaeda. Su conocimiento, Abdul Karim al-Shami, fue encarcelado durante dos años en cargos similares. Que "parece haber sido blanco de ataques por su trabajo en descubrir la información sobre la complicidad de EE.UU. en ataques en el país", ha dicho Amnistía Internacional.

En Yemen Times informes, el presidente Saleh emitió un decreto de indulto a Shayi, como parte de las concesiones que ofrecía a los manifestantes. Pero el 2 de febrero, según un comunicado de la Casa Blanca, EE.UU. El presidente Barack Obama expresó su "preocupación" por la liberación propuesta y la prometida liberación ha sido ignorado.

Abogado y activista Khaled Al Anesi-le dijo al Times de Yemen que había sospechas desde el principio que los EE.UU. quería que él encarcelado y se trataba de una demanda estadounidense para arrestarlo. "Esta interferencia estadounidense asegura que se ocupan de Yemen con el terrorismo está dirigido por los EE.UU.. Si querían dejarlo en libertad lo habrían puesto en libertad inmediatamente después de la recta indulto fue anunciado. Esta es una señal de que no quieren dejarlo en libertad. "

Hamoud Hazza'a del Comité para la Protección de los Periodistas dijo que si Shayi no se libera pronto se confirmará que "el gobierno de Yemen no tiene ningún poder en el país y que sólo un seguidor de los EE.UU.. Sólo queremos asegurarnos de que lo dejen en libertad, aunque la forma en que fue detenido estaba equivocado, el juicio fue mal y la forma en que se está perdonado también está mal. "El hecho de que el presidente de EE.UU. puede cancelar el veredicto de un juez de Yemen demuestra que el sistema judicial en el Yemen no es independiente y que el presidente de los EE.UU. lo controla todo, de acuerdo con Hazza'a. "Los EE.UU. y la ONG de apoyo de los EE.UU. está tomando una posición negativa frente a Shaye", como expuso lo que sucedió en Al-Ma'jala ".

"Este es un asunto interno y no nos importa lo que Obama o cualquier otra persona tiene que decir. Este es un regalo del Presidente y debemos respetar a nuestros asuntos internos ", dijo Sinan Al-Ajji, un miembro del partido gobernante de Yemen, Yemen Times.

Como se muestra en el cable 09SANAA2251 el gobierno de Yemen se extiende al pueblo yemenita y se atribuyó la responsabilidad por los ataques contra las personas que fueron llevadas a cabo por los EE.UU.. El cable se queja de que Saleh "no parece excesivamente preocupado por las fugas no autorizadas sobre el papel de EE.UU. y la atención negativa de los medios la muerte de civiles."

Cable 04SANAA3023 documentos Saleh casualmente acuerdo para mantener encarcelados a 28 personas que estaban destinadas a ser lanzado en 2004 bajo una amnistía del Ramadán ", basada en las objeciones del gobierno de EE.UU.". Saleh dijo el Embajador de los EE.UU. que los 28 fueron arrestados bajo sospecha de pertenencia a Al Qaeda, después de haber regresado a Yemen desde Arabia Saudita o Afganistán, pero que después de la investigación no había pruebas de su implicación en actos terroristas. "Estamos esperando información de usted", dijo Saleh. A pesar de ser ofrecido ningún indicio de culpabilidad de los EE.UU., Saleh convino en seguir encarcelando a las 28 personas, considerados una violación de la Constitución del país por un informe parlamentario de Yemen, y pidió a cambio, "¿Dónde está el dinero para el Ejército? Y ¿qué pasa con mi repuesto [F-5] partes? "El gobierno de Yemen recibió US $ 155 millones en ayuda militar de EE.UU. el año pasado.

Fuente: paper.li

miércoles, 24 de noviembre de 2010

TODAVÍA SIN JUSTICIA, UN AÑO DESPUÉS DE LA MATANZA

Filipinas (22-11-10)
Los juicios de Maguindanao se han caracterizado
 por las demoras y las disputas judiciales. ©
Amnistía Internacional.

Londres.-  Amnistía Internacional ha pedido hoy a las autoridades filipinas que garanticen justicia oportuna por la matanza de Maguindanao, y que eliminen los ejércitos privados que siguen actuando un año después de los homicidios.

El 23 de noviembre de 2009, al menos 57 personas fueron secuestradas y brutalmente asesinadas, y sus cadáveres fueron arrojados a una fosa común en una colina sobre la localidad de Ampatuan, en el sur de la provincia filipina de Maguindanao. Entre los fallecidos había 32 periodistas.

La manera en que el gobierno filipino maneje este caso demostrará hasta qué punto el presidente Aquino se toma en serio su deber de contener a los ejércitos privados y poner freno a las violaciones de derechos humanos”, ha manifestado Sam Zarifi, director del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional. 

El gobierno debe demostrar que Filipinas cuenta con la capacidad y la voluntad necesarias para hacer frente, de forma justa pero resuelta, a una matanza que constituye el mayor ataque jamás perpetrado contra periodistas en ningún lugar del mundo.

Los fallecidos viajaban en un convoy para asistir a la presentación de la documentación de la candidatura de un político local, cuando fueron interceptados por un grupo de un centenar de hombres armados. El motivo de la emboscada fue la larga lucha política entre miembros del grupo y del clan local de Ampatuan.

Desde entonces se han presentado cargos contra miembros destacados del poderoso clan local de Ampatuan en relación con los homicidios, pero los juicios se han caracterizado por las demoras, y no se ha concluido ningún procesamiento.

El ex gobernador de Maguindanao, Andal Ampatuan Sr., y sus hijos, Andal Ampatuan Jr. y Zaldy Ampatuan, están siendo procesados por los homicidios. De las casi 200 personas más implicadas en los homicidios, nuevas fuentes informan de que 82 han sido detenidas, y otras 114, entre ellas miembros de milicias privadas, miembros del clan y agentes de policía y soldados del gobierno, permanecen en libertad.

Los juicios de Maguindanao se han caracterizado por las demoras y las disputas judiciales. Este mismo mes, la secretaria de Justicia, Leila de Lima, dijo que iba a acelerar los procedimientos, pero admitió que los juicios podían durar seis años más.

Un año después de la matanza, otros ejércitos privados siguen actuando en Filipinas en virtud de la Orden Ejecutiva 546, firmada y puesta en vigor por la ex presidenta Gloria Arroyo en 2006. Dicha orden autoriza de hecho los ejércitos privados al permitir que la Policía Nacional filipina utilice milicias y Organizaciones Civiles Voluntarias como “multiplicadores de fuerza”.

Muchos miembros del ejército privado del gobernador Andal Ampatuan forman parte de Organizaciones Civiles Voluntarias, establecidas y armadas por el gobierno. El sistema de autorización de grupos armados que luego se utilizan como ejércitos privados permanece intacto.

Si el presidente Aquino pretende seriamente poner fin a la violencia asociada con los ejércitos privados, debe revocar la Orden Ejecutiva 546 de inmediato”, ha manifestado Sam Zarifi. “El hecho de que los ejércitos privados sigan actuando un año después de la matanza de Maguindanao constituye una afrenta para las víctimas y una invitación a nuevos desastres.


Más información
Gabinete de prensa de la Sección Española de Amnistía Internacional, Telf., 91 310 12 77
Centro de Documentación de AI: doc.es.amnesty.org

martes, 21 de julio de 2009

AMNISTÍA INTERNACIONAL CONDENA EL DESALOJO FORZOSO DE FAMILIAS CAMBOYANAS

Camboya (17-07-09)

Policía antidisturbios durante el desalojo forzoso de 400 familias de Dey Kraham en el centro de Phnom Penh, Camboya, 24 de enero de 2009. © Peter Harris


NOTICIAS

Londres.- Amnistía Internacional condena enérgicamente el desalojo forzoso de 60 familias de bajo nivel de ingresos en el centro de Phnom Penh que se ha llevado a cabo el jueves y el viernes.

Las familias desmontaron sus casas tras tres años de hostigamiento e intimidación por parte de las autoridades, y no tuvieron más remedio que aceptar una indemnización inadecuada por la demolición de sus casas.

“Amnistía Internacional condena enérgicamente este desalojo forzoso y el proceso sumamente irregular que ha conducido a él”, ha dicho Brittis Edman, investigadora de Camboya de Amnistía Internacional.
Antes del amanecer del 17 de julio, al menos 70 agentes de las fuerzas de seguridad, algunos armados con pistolas y porras eléctricas, entraron en la zona conocida como Group 78, donde quedaban cuatro familias, y cortaron los accesos. Activistas de derechos humanos y periodistas observaban la situación. Decenas de trabajadores contratados demolieron lo que quedaba de las casas ya desmanteladas. En horas, las familias que aún resistían accedieron a irse.

Las familias de Group 78 han vivido durante tres años bajo la amenaza del desalojo forzoso, sin que las autoridades camboyanas les hayan proporcionado ninguna de las salvaguardias que exige el derecho internacional.

“El caso de Group 78 no siguió el debido proceso y a los afectados se le negó la justicia. El ayuntamiento de Phnom Penh no hizo intento alguno de consultar adecuadamente a la comunidad afectada o estudiar alternativas viables al desalojo”, ha dicho Brittis Edman. “Esto convierte en una farsa la obligación del gobierno de proteger el derecho a la vivienda”.

El ayuntamiento emitió una notificación final de desalojo a Group 78 en abril de 2009 y en una serie de reuniones posteriores las autoridades municipales, incluido el teniente de alcalde de Phnom Penh, advirtieron a la comunidad que la policía y la policía militar demolerían sus casas si no aceptaban la indemnización que se les ofrecía. La comunidad también había sido informada de que hasta 700 efectivos de las fuerzas de seguridad habían sido movilizados para el desalojo.
Los residentes de Group 78 comenzaron a instalarse en la zona, situada en los márgenes del río, en 1983 y desde 2006 solicitaron varias veces títulos oficiales de propiedad de las tierras, pero las autoridades hicieron caso omiso, a pesar de que los residentes tenían documentos oficiales que apoyaban sólidamente sus reivindicaciones. La orden final de desalojo fue emitida por el ayuntamiento –que, según las leyes del país, carece de competencias para emitir tal documento– y sin la supervisión judicial que exige la Ley de Tierras de 2001. La orden se emitió a pesar de que una comisión local aún tenía que determinar de quién eran propiedad las tierras en disputa. El ayuntamiento ofreció unas opciones de alojamiento alternativo y unas indemnizaciones inadecuadas.

El Gobierno de Camboya ha fallado sistemáticamente a la hora de garantizar el derecho a una vivienda adecuada y de proteger a su población contra los desalojos forzosos. Sólo en 2008, Amnistía Internacional recibió informes sobre 27 desalojos de este tipo, que afectaban a unas 23.000 personas.

En el marco de la campaña Exige Dignidad, presentada en mayo de 2009, Amnistía Internacional reitera sus llamamientos al gobierno para que ponga fin a los desalojos forzosos y suspenda todos los desalojos masivos hasta que haya un marco legal que proteja los derechos humanos.

Mediante esta campaña, la organización pide a los Gobiernos de todo el mundo que tomen todas las medidas necesarias, incluida la adopción de leyes y políticas que se ajusten al derecho internacional de los derechos humanos, para prohibir y evitar los desalojos forzosos.

Información complementaria
La campaña Exige Dignidad de Amnistía Internacional tiene como objetivo poner fin a las violaciones de derechos humanos que generan y exacerban la pobreza mundial. Esta campaña movilizará a personas de todo el mundo para exigir que gobiernos, grandes corporaciones y otros individuos y organizaciones con poder escuchen las voces de quienes viven en la pobreza y reconozcan y protejan sus derechos.

Los desalojos forzosos son aquellos que se llevan a cabo sin notificarlo adecuadamente ni consultar con los afectados, a quienes no se les proporcionan salvaguardias jurídicas ni se les garantiza alojamiento alternativo adecuado. Según el derecho internacional, incluido el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Camboya no puede llevar a cabo desalojos forzosos y debe proteger de ellos a su población.

Para más información sobre desalojos forzosos en Camboya, véase:


Categorías: Asia y Oceanía, Derechos económicos, sociales y culturales, Pobreza

Más información
Gabinete de prensa de la Sección Española de Amnistía Internacional, Telf., 91 310 12 77
Centro de Documentación de AI: doc.es.amnesty.org.