lunes, 15 de junio de 2009

MÉXICO: Temor por la seguridad / amenaza de muerte


PÚBLICO Índice AI: AMR 41/030/2009 11 de junio de 2009

AU 148/09
Rommel Cain Chacan Pale, abogado de Monitor Civil de Policía

Matilde Pérez Romero, abogada de la misma organización

105 activistas de los derechos humanos del estado de Guerrero

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Activistas de los derechos humanos del estado mexicano de Guerrero, muchos de ellos indígenas, continúan en peligro de sufrir ataques, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado a las autoridades mexicanas que les ofrezcan protección. Recientemente, el abogado Rommel Cain Chacan, que trabaja para una organización local de derechos humanos, recibió una amenaza de muerte telefónica.

El 5 de junio, Rommel Cain Chacan, que trabaja para una organización independiente de control policial con sede en Tlapa de Comonfort, en la región de la Montaña, estado de Guerrero, fue amenazado de muerte por teléfono. La organización, Monitor Civil de Policía y Fuerzas de Seguridad de la Montaña de Guerrero, fue fundada conjuntamente por el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan y otras organizaciones mexicanas.

Rommel Cain Chacan Pale se encontraba reunido con dos representantes de la policía judicial del estado de Guerrero cuando recibió en la oficina una llamada realizada desde un teléfono público. Matilde Pérez Romero, otra abogada, también se encontraba presente. Una persona cuya voz parecía la de un hombre joven le dijo: “Ya te cargo la chingada, te andamos vigilando, hijo de tu puta madre. Te estamos vigilando a ti y a tu familia y también se la va a cargar la chingada”.

Rommel Cain Chacan Pale y Matilde Pérez Romero han trabajado en numerosas denuncias presentadas contra miembros de la policía y el ejército que actúan en la región, incluidas denuncias de extorsión, detención arbitraria y uso excesivo de la fuerza.

El 30 de abril, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a las autoridades mexicanas que tomasen las medidas necesarias para proteger a 107 miembros de organizaciones de derechos humanos de la región, como la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco, la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco y el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, todas ellas con sede en torno a la región de Montaña, en el estado de Guerrero. Aunque se han tomado algunas medidas, hasta la fecha han sido escasas y sumamente insuficientes para garantizar una protección efectiva que permita a los activistas continuar llevando a cabo sus actividades legítimas.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Los defensores y defensoras de los derechos humanos del estado de Guerrero corren peligro y un mayor riesgo de sufrir ataques. A comienzos de este año, dos activistas de los derechos indígenas fueron objeto de secuestro, tortura y homicidio (véase la AU 41/09, Índice AI AMR 41/007/2009, del 16 de febrero de 2009), mientras que otros han sufrido amenazas, hostigamiento y juicios injustos por cargos penales falsos (véase la AU 314/08, Índice AI AMR 41/059/2008, del 14 de noviembre de 2008 y sus actualizaciones).

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos para que lleguen lo antes posible, en español o en su propio idioma:

  • pidiendo a las autoridades que garanticen que Rommel Cain Chacan Pale y Matilde Pérez Romero son objeto de medidas de protección adecuadas conforme a sus deseos;
  • pidiendo que ordenen una investigación exhaustiva, imparcial y sin dilación sobre la amenaza de muerte recibida por Rommel Cain Chacan Pale el 5 de junio, y que los responsables comparezcan ante la justicia;
  • pidiendo a las autoridades que apliquen sin demora medidas para ofrecer protección integral y adecuada a los activistas de derechos humanos de la región de la Montaña del estado de Guerrero, conforme a sus deseos y a lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
  • recordando a las autoridades que la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos reconoce el carácter legítimo de las actividades de los defensores y defensoras de los derechos humanos y su derecho a llevar a cabo esas actividades sin obstáculos ni temor a represalias.

LLAMAMIENTOS A:

Ministro del Interior

Secretario de Gobernación

Lic. Fernando Francisco Gomez Mont Urueta

Secretaría de Gobernación

Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc

México D.F., C.P.06600, MÉXICO

Fax: +52 55 5093 3414

Correo-e: secretario@segob.gob.mx

Tratamiento: Señor Secretario

                  • Procurador del estado de Guerrero

Lic. Eduardo Murueta Urrutia

Procurador del Estado de Guerrero

Carretera Nacional México-Acapulco Km. 6+300

Tramo Chilpancingo-Petaquillos

Chilpancingo 39090, Guerrero, MÉXICO

    • Fax: +52 747 494 2981

    • Tratamiento: Señor Procurador

COPIAS A:

Secretaria de Relaciones Exteriores

Emb. Patricia Espinosa Cantellano

Secretaria de Relaciones Exteriores

Secretaría de Relaciones Exteriores

Av. Plaza Juárez n° 20

Col. Centro, Del. Cuauhtémoc

México D.F., C.P. 06010, MÉXICO

Fax: (+52 55) 3686 6028

Correo-e.: pespinosa@sre.gob.mx

Tratamiento: Señora Secretaria

Organización de Derechos Humanos

Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” AC.

Calle Mina no. 77, Col. Centro, Tlapa de Comonfort, C.P. 41304

Guerrero, MÉXICO
y a la representación diplomática de México acreditada en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 23 de julio de 2009.

TEMOR POR LA SEGURIDAD DE LOS MANIFESTANTES BAJO CUSTODIA

Perú (10-06-09)

Londres.- Decenas de manifestantes de las comunidades indígenas del Amazonas fueron detenidos, y al menos 169 resultaron heridos, después de que se disolvieran por la fuerza las manifestaciones convocadas en la localidad de Bagua, departamento de Amazonas. El Gobierno no ha dado detalles sobre los heridos o los detenidos.

Los miembros de las comunidades indígenas habían iniciado las manifestaciones a mediados de abril, en protesta por una serie de decretos legislativos sobre el uso de la tierra y los recursos naturales en la selva amazónica. No se consultó a las comunidades indígenas sobre esta legislación, pese a que Perú ha ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que lo obliga a consultar con los pueblos indígenas cualquier decisión o legislación que afecte a sus intereses. A consecuencia de las protestas, el 9 de mayo el gobierno declaró un estado de emergencia de 60 días de duración en la zona.

El 5 de junio, tras 50 días de protestas, la Policía Nacional disolvió por la fuerza a los manifestantes indígenas que habían bloqueado la carretera de entrada a Bagua. Al menos 9 indígenas y 24 policías murieron, y al menos 200 personas –entre ellas 31 policías– resultaron heridas. Se teme que el número de manifestantes muertos sea mayor. Según fuentes locales, algunos de los manifestantes heridos no están recibiendo atención médica adecuada, ya que los centros de salud locales no están bien equipados.

La Defensoría del Pueblo ha confirmado que 79 manifestantes se encuentran bajo custodia de la policía. Sin embargo, no está claro qué trato están recibiendo, qué cargos se les imputan y si tienen acceso a asistencia médica o letrada.

Información complementaria
Amnistía Internacional ha recibido informes sobre uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, así como sobre casos de agentes de policía secuestrados y muertos a manos de miembros de comunidades indígenas.

Varios dirigentes de las organizaciones indígenas relacionadas con las protestas han sido acusados de sedición y conspiración para alterar el orden público. Uno de ellos es Alberto Pizango Chota, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana. El 6 de junio, las autoridades dictaron una orden de detención contra él, y añadieron nuevos cargos, como homicidio calificado, ataque contra las fuerzas armadas y posesión ilegal de armas de fuego. Los cargos se castigan con penas de hasta 35 años de cárcel. Según parece, Alberto Pizango buscó refugio el 8 de junio en la Embajada de Nicaragua en Lima.

En un discurso pronunciado el 8 de junio, el presidente Alan García relacionó a los manifestantes indígenas con el grupo armado de oposición Sendero Luminoso y los acusó de terrorismo.


Categorías: América, Derechos económicos, sociales y culturales, Juicio justo, Uso de fuerza excesiva

Ficheros:
ACCION_URGENTE_PERU_JUN09.pdf

Más información
Gabinete de prensa de la Sección Española de Amnistía Internacional, Telf., 91 310 12 77
Centro de Documentación de AI: doc.es.amnesty.org.

HASTA DOS MILLONES DE PERSONAS VIVEN EN EL CORAZÓN DE NAIROBI EN UN AGUJERO NEGRO PARA LOS DERECHOS HUMANOS: SIN SERVICIOS, SIN SEGURIDAD, SIN VOZ


Kenia (12-06-09)

Nairobi.- Amnistía Internacional ha hecho público hoy su informe sobre las espantosas condiciones y los graves abusos contra los derechos humanos que soportan quienes viven en los barrios marginales de Nairobi. La mayoría invisible: Dos millones de personas viven en asentamientos precarios en Nairobi” describe cómo la mitad de la población de Nairobi vive en asentamientos informales, apiñada en una zona que sólo constituye el 5 por ciento del suelo urbanizado de la ciudad y el 1 por ciento de todos los terrenos por los que se extiende Nairobi.

Este informe es el primero de los que se presentarán en la nueva campaña mundial de la organización, “Exige Dignidad”, que pretende poner al descubierto y combatir los abusos contra los derechos humanos que crean y perpetúan la pobreza. En Kenia, Amnistía Internacional está movilizando a los habitantes de los asentamientos precarios para que “exijan dignidad” y su derecho a una vivienda adecuada. La campaña hará que se oigan sus voces y exigirá a los dirigentes políticos kenianos que den respuestas efectivas.

“Millones de personas viven en condiciones miserables, y no sólo sufren la privación de servicios básicos, sino también discriminación, inseguridad y marginación”, ha afirmado Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional.
“No se escuchan sus voces ni se les consulta o informa sobre las decisiones que afectan a sus vidas. Esto no es más que un escándalo de derechos humanos.”

El informe describe cómo sucesivos Gobiernos kenianos se han abstenido de proteger a los habitantes de los asentamientos precarios y cómo el abandono de los políticos durante generaciones ha permitido el aumento de estos asentamientos, que ha convertido a sus habitantes en prisioneros de la pobreza. Amnistía Internacional considera que los derechos humanos son fundamentales para permitir que las personas rompan el círculo de la pobreza.

En el informe, los habitantes de asentamientos precarios describen una vida caracterizada por la privación, el aumento del precio de los alimentos, la falta de centros educativos o de atención a la salud, el hostigamiento por parte de las autoridades o la constante amenaza del desalojo forzoso. Según las víctimas, a menudo se llevan a cabo desalojos forzosos durante la noche o cuando hace mal tiempo y se hace un uso excesivo de la fuerza. Los desalojos se producen sin previo aviso o sin haberlos notificado del modo adecuado, y se destruyen las pertenencias de las personas al mismo tiempo que sus casas.

El informe señala que hay hasta 127.000 personas en peligro inminente de sufrir la demolición de sus viviendas provisionales y negocios informales, a causa de un plan gubernamental para la limpieza de la cuenca del río Nairobi.
A pesar de la política nacional sobre vivienda aprobada hace cuatro años, en la que se prometía el progresivo cumplimiento del derecho a la vivienda, el Gobierno no ha facilitado viviendas asequibles y accesibles. El programa de mejora de los asentamientos precarios ha avanzado con demasiada lentitud y carece de los recursos necesarios. Los habitantes de los asentamientos consideran que no se les ha consultado adecuadamente sobre su aplicación.


“Explotados por terratenientes, amenazados por la policía, extorsionados por bandas de delincuentes: los asentamientos precarios de Nairobi son un agujero negro para los derechos humanos, porque a sus habitantes se les priva de servicios básicos, se les niega seguridad y no se les permite opinar sobre su futuro”, ha afirmado Irene Khan.

El informe de Amnistía Internacional pide al Gobierno de Kenia que:

  • ponga fin a todos los desalojos forzosos;
  • adopte directrices conformes al derecho internacional de los derechos humanos para garantizar la seguridad de tenencia y proteger a las personas frente a los desalojos arbitrarios;
  • consulte del modo adecuado con las comunidades afectadas;
  • mejore la coordinación entre las entidades gubernamentales que se ocupan de cuestiones relativas a la tierra y la vivienda.

“La promesa de ofrecer viviendas y servicios adecuados a quienes viven en barrios marginales y asentamientos informales lleva incumpliéndose desde hace mucho tiempo”, ha afirmado Irene Khan.

Información complementaria:

  • Irene Khan se reunió con habitantes y activistas de los asentamientos de Soweto (Kibera) y Korogocho. La delegación de Amnistía Internacional también visitó el asentamiento de Deep Sea.
  • La secretaria general de Amnistía Internacional presentó un número gratuito (3221) de envío de mensajes SMS para que los kenianos cuenten a su Gobierno lo que significa para ellos el derecho a la vivienda y vivir con dignidad.
  • Irene Khan y otros miembros de la delegación de Amnistía Internacional participaron en una marcha de varios cientos de personas de asentamientos de todo Nairobi para exigir su derecho a una vivienda adecuada.
  • El informe incluye testimonios directos, como el caso de una mujer que describió cómo se había quedado sin casa en dos ocasiones, la primera a causa de un desalojo forzoso y la segunda al incendiarse la vivienda mientras ella y otros familiares dormían en el interior. La única pertenencia que pudo salvar fue su tarjeta de identidad. Otra mujer describió que, tras sufrir un desalojo forzoso, sus hijos habían pasado varias semanas sin ir al colegio de educación primaria porque sus libros, uniformes y material escolar habían quedado destruidos cuando derribaron su vivienda. En un caso, una víctima de desalojo forzoso contó cómo él y las casas de sus vecinos habían sido incendiadas mientras se encontraban en la iglesia.

Para más información sobre las conclusiones de la visita de Amnistía Internacional a Kenia en relación a la situación de derechos humanos en el país, véase:


Categorías: Africa, Derechos económicos, sociales y culturales, Pobreza

Ficheros:
Kenya_Housing_Report.pdf
Kenya_How_the_other_half_lives.pdf
CONCLUSIONES_Visita_de_AI_a_Kenia_-_120609.pdf

Más información
Gabinete de prensa de la Sección Española de Amnistía Internacional, Telf., 91 310 12 77
Centro de Documentación de AI: doc.es.amnesty.org.

LA VIOLENCIA CONTRA LOS MANIFESTANTES SEÑALA EL NUEVO MANDATO PRESIDENCIAL

Irán (15-06-09)


Londres.- Las autoridades iraníes deben iniciar de inmediato una investigación sobre el violento tratamiento por parte de las fuerzas de seguridad de miles de manifestantesque se echaron a la calle el sábado en protesta por el anuncio de la victoria del actual presidente, Mahmud Ahmadineyad, en las elecciones presidenciales del viernes.

Amnistía Internacional ha recibido informes desde Irán según los cuales agentes de las fuerzas de seguridad sin uniformar golpearon innecesariamente con sus porras a manifestantes no violentos para dispersarlos, hiriendo a muchas personas.

“Las horribles escenas de violencia a manos de las fuerzas de seguridad necesitan ser investigadas con urgencia, y las personas responsables de violaciones de derechos humanos deben ser puestas a disposición judicial”, ha dicho Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África. “Aunque reconocemos el deber de las fuerzas de seguridad de garantizar el orden público, las familias de las personas detenidas, la opinión pública iraní y la comunidad internacional deben recibir explicaciones sobre cuáles son exactamente los cargos y cuál es la relación exacta de las personas detenidas con los actos de violencia”.

Al menos 170 personas fueron detenidas el domingo durante los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y cientos de manifestantes en los alrededores del Ministerio del Interior y otras zonas del centro de Teherán. Entre las personas detenidas hay destacadas figuras políticas a quienes las autoridades acusan de haber “orquestado” los disturbios. Algunas han quedado en libertad.

“Instamos a las autoridades iraníes a que se aseguren de que todos los iraníes disfrutan del derecho a expresarse pacíficamente, asociarse y reunirse. Nadie debe ser detenido por cuestionar los resultados de las elecciones, y las autoridades iraníes necesitan actuar de forma transparente para abordar la preocupación de muchos iraníes de que los resultados hayan sido alterados”, ha afirmado Hassiba Hadj Sahraoui.
Aunque los centros universitarios se han cerrado, un informe recibido por Amnistía Internacional indica que unos 100 efectivos de la policía antidisturbios, con cascos y escudos, persiguieron a entre 300 y 400 estudiantes en el campus de la Universidad de Teherán. El personal de seguridad también utilizó proyectiles de pimienta y gas lacrimógeno para sofocar los disturbios, sobre todo en la residencia de estudiantes de Pol-e Gisha (Teherán) y en otra de Shiraz.

En otro incidente, motoristas de la policía golpearon a unos simpatizantes del candidato presidencial Mir Hossein Mousavi, que llevaban a cabo una sentada en la plaza de Vanak (Teherán) en protesta por los resultados electorales.

Al terminar la noche del sábado, en zonas del centro de Teherán había barricadas incendiadas cortando las calles y continuaban los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, como en las zonas de Abbas Abad y Saadat Abad y en zonas alrededor de Tajrish.

Las manifestaciones también se extendieron a otras ciudades, como Rasht, Mashahd, Shiraz y Ahwaz, donde reside gran parte de la minoría árabe de Irán, Zahedan, en el sudeste, centro de la minoría baloche iraní, y Oroumiye, cuya población está compuesta principalmente por kurdos y turcos azerbaiyanos.

Durante los disturbios del sábado, se bloqueó el acceso a YouTube, Facebook y otras redes sociales de Internet, al igual que a diversos servicios de noticias online. Según los informes, las comunicaciones por mensajes de teléfono móvil quedaron restringidas. En muchos de estos lugares había informes que planteaban la preocupación de que las elecciones se hubieran llevado a cabo de forma fraudulenta y los resultados estuvieran amañados.

“En vez de restringir la información, bloqueando los sitios donde se comparten vídeos, como YouTube y Facebook y unos cuantos sitios de noticias online, las autoridades deberían abordar abiertamente unas preocupaciones y unas críticas expresadas claramente por tantas personas”, ha dicho Hassiba Hadj Sahraoui.

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades que se aseguren de que se permite a periódicos vinculados a otros candidatos presidenciales publicar las declaraciones de dichos candidatos.

“Lamentamos que el nuevo mandato presidencial venga precedido por abusos generalizados. Amnistía Internacional considera que cualquier persona detenida únicamente por exigir transparencia y cuestionar los resultados de las elecciones es preso de conciencia y que debe ser puesta en libertad de forma inmediata e incondicional”.

Información complementaria
Irán ha sido testigo del recrudecimiento del clima de represión e intimidación en el periodo previo a las elecciones. Muchos analistas han considerado esto una estrategia deliberada para garantizar la victoria electoral del presidente Mahmud Ahmadineyad.

Antes del cierre de las mesas electorales, según los informes, periódicos vinculados a otros candidatos distintos al actual presidente fueron ocupados y sus trabajadores llevaron a cabo su labor bajo la supervisión de las fuerzas de seguridad.

En las horas siguientes al cierre de las mesas electorales, el Ministro del Interior al parecer informó confidencialmente a Mir Hossein Mousavi de que había ganado las elecciones, y éste estaba preparando una rueda de prensa cuando hubo una redada en sus oficinas, según los informes siguiendo las órdenes del fiscal de la provincia de Teherán, Said Mortazavi. Al menos tres de los asesores de Mir Hossein Mousavi fueron detenidos. Mir Hossein Mousavi publicó una declaración afirmando: “No me rendiré a esta peligrosa farsa”.

Amnistía Internacional ha venido denunciando cómo durante el periodo electoral se ha recrudecido la represión contra cualquier persona que expresase abiertamente su opinión sobre las elecciones y contra personas concretas a quienes se consideraba, de algún modo, opuestas al sistema, como estudiantes, sindicalistas, activistas en defensa de los derechos de la mujer, profesionales del derecho y minorías religiosas no reconocidas oficialmente, entre ellas los bahaíes y los ahl-e haq. Amnistía Internacional ha recibido informes que indican un aumento de las oleadas de detenciones arbitrarias y del hostigamiento contra estas personas.

Para mas información, veáse:


Categorías: Defensores, Detenciones arbitrarias, Discriminación, Libertad de expresión, Oriente Próximo, Medio y Norte de Africa,Presos de conciencia, Procesos electorales, Uso de fuerza excesiva

Ficheros:
CASOS_Iran_150609.pdf

Más información
Gabinete de prensa de la Sección Española de Amnistía Internacional, Telf., 91 310 12 77
Centro de Documentación de AI: doc.es.amnesty.org.