Las protestas en Egipto estallaron en un contexto de más de 30 años de represión.
© Sarah Carr
8 febrero 2011
¿Qué está haciendo Amnistía Internacional en relación con las protestas en Egipto y otros lugares de la región?
Hemos enviado una delegación a Egipto para presenciar, documentar y exponer abusos contra los derechos humanos cometidos durante la revuelta, como hicimos anteriormente en el año durante los disturbios de Túnez. Lo hacemos en estrecha colaboración con ONG, activistas y defensores de los derechos humanos locales; con la mayoría llevamos muchos años trabajando en la documentación de violaciones de derechos humanos y haciendo campaña en favor de la reforma.
Hemos movilizado a los tres millones de activistas, simpatizantes y miembros que conforman el movimiento global de Amnistía Internacional para que presionen a los gobiernos de Egipto y otros países a fin de que respeten plenamente los derechos de sus poblaciones: derecho a la libertad de expresión y a la protesta pacífica sin temor a ser atacado o encarcelado; derecho a no ser torturado; derecho a no sufrir sexismo ni racismo; o el derecho de todas las personas, incluidas las que viven en asentamientos precarios, a no ser desalojadas y quedar sin hogar.
Estos activistas organizan actos multitudinarios, dan a conocer crímenes contra los derechos humanos y contribuyen a bombardear a las autoridades de los Estados con mensajes en favor de hombres, mujeres, niños y niñas que corren peligro de sufrir abusos.
Presionan a los organismos regionales e internacionales para que actúen, y ofrecen formación y material para que las personas conozcan sus derechos y cuenten con mejores recursos para defenderlos. También captan apoyos y movilizan a los gobiernos de sus países para que ejerzan toda la presión e influencia posibles sobre el gobierno egipcio y éste ponga fin a las violaciones de derechos humanos, respete el derecho de la población egipcia a protestar por medios pacíficos y cumpla con las demás obligaciones contraídas en materia de derechos humanos.
Amnistía Internacional publica periódicamente documentos en los que pide a los gobiernos de Egipto y otros países que rindan cuentas por su lamentable historial en materia de derechos humanos, recomienda medidas para abordar los abusos y propone planes de acción para aplicarlas.
La organización trabaja asimismo con otros grupos en Egipto y otros lugares para promover los derechos humanos, ayudar a proteger a los muchos activistas valientes que actúan sobre el terreno y dar voz a quienes rara vez tienen la oportunidad de ser escuchados.
Entre otras cosas, pedimos a los gobiernos con un historial de suministro de ayuda militar y de seguridad a Egipto –armas, municiones, equipos, instrucción– que dejen claro al gobierno egipcio que tienen intención de imponer de inmediato un embargo si les cabe alguna duda de que el ejército egipcio está recurriendo a la fuerza para reprimir las protestas pacíficas, o de que la policía y otras fuerzas de seguridad siguen haciendo uso excesivo de la fuerza –incluidos medios letales– contra manifestantes pacíficos o personas a las que han detenido o puesto bajo custodia.
¿Cuál es la situación de los derechos humanos en Egipto?
Las protestas estallaron en Egipto tras más de 30 años de dura represión y violaciones generalizadas de los derechos humanos, la mayoría cometidas con impunidad.
El gobierno ha aplastado llamamientos anteriores en favor de la reforma ejerciendo las atribuciones que le confiere la ley en virtud del Estado de excepción, que lleva 30 años en vigor de manera ininterrumpida, la duración del régimen del presidente Mubarak.
Se han hecho redadas de personas críticas con el gobierno, que han sido procesadas por cargos falsos y encarceladas tras juicios manifiestamente injustos.
Decenas de miles de personas calificadas de amenaza para la seguridad nacional han sufrido reclusión sin cargos en aplicación de sucesivas órdenes administrativas, algunas durante varios años. Se ha torturado sistemáticamente a algunos detenidos.
Unos 16 millones de personas en Egipto –aproximadamente, uno de cada cinco habitantes– viven por debajo del umbral de la pobreza, muchas de ellas en asentamientos precarios de crecimiento descontrolado, privadas de sus derechos sociales y económicos fundamentales.
Quienes se manifiestan actualmente en todo Egipto reclaman sus derechos humanos, no respetados desde hace mucho tiempo, y exigen que se les permita vivir con dignidad y justicia social.
En la reciente revuelta, el Estado no ha protegido a los manifestantes de los ataques violentos de la policía y de simpatizantes del gobierno, ha impuesto durísimas restricciones sobre la libertad de expresión y ha perseguido, detenido y permitido que se ataque a periodistas y personas que trabajan en la defensa de los derechos humanos.
¿Qué pide Amnistía Internacional en Egipto?
Amnistía Internacional pide a las autoridades egipcias que:
• protejan el derecho a la protesta pacífica;
• pongan fin a la violencia ejercida por seguidores del gobierno;
• liberen sin condiciones a todos los activistas de derechos humanos;
• protejan a los activistas de derechos humanos y periodistas que intentan desempeñar su trabajo.
Además, Amnistía Internacional pide a otros Estados que presionen a las autoridades egipcias para que pongan fin a la violencia y hagan respetar los derechos humanos, y que en concreto pidan a las autoridades que:
• levanten el estado de excepción y deroguen todas las disposiciones de la Ley del Estado de Excepción;
• pongan fin al uso innecesario, excesivo o desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad;
• acaben con la detención arbitraria y la tortura y otros malos tratos de manifestantes pacíficos;
• respeten la libertad de expresión, de reunión y de asociación;
• investiguen todas las denuncias de tortura y otros malos tratos y lleven ante los tribunales a los funcionarios responsables;
• investiguen las circunstancias en que, según informes, las fuerzas de seguridad han hecho uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, y pongan a los autores en manos de la justicia.
¿Cuál es la agenda de Amnistía Internacional en materia de derechos humanos para Egipto, Túnez y otros Estados represores de la región?
Pedimos a todos los Estados que rompan con varios decenios de represión adoptando medidas urgentes para reformar leyes, instituciones, sistemas y prácticas que garanticen el respeto de los derechos humanos.
El aparato de seguridad y el sistema de justicia, principales instrumentos empleados para aplastar la disidencia y acallar las críticas, debe someterse a una revisión minuciosa.
Las leyes de excepción y toda la legislación represiva que permita los abusos contra los derechos humanos deben ser abolidas.
• Las autoridades deben garantizar que ningún miembro del aparato de seguridad está autorizado a actuar por encima de la ley. Deben refrenar a sus agentes e insistir en que el uso de la fuerza se ajuste a las leyes y normas internacionales.
• Las autoridades deben condenar de forma inequívoca la tortura y otros malos tratos y garantizar el cese de estos abusos. Deben abolir la detención en régimen de incomunicación y garantizar que se investigan todas las denuncias de tortura.
• Las autoridades deben respetar y hacer respetar la libertad de expresión, de reunión y de asociación. Se han impuesto nuevas restricciones sobre la libertad de expresión y se han cerrado medios sociales en línea, que son instrumentos organizativos fundamentales para los activistas. Periodistas, defensores de los derechos humanos y opositores al gobierno deben poder actuar en pos de sus objetivos legítimos sin sufrir acoso, intimidación y violencia. Todos los presos de conciencia deben quedar en libertad.
• Es preciso reformar el sistema de justicia de estos países, para que el poder judicial sea independiente del ejecutivo, los juicios se celebren con las debidas garantías y la pena capital quede abolida y se conmuten todas las condenas a muerte.
• Las autoridades deben poner fin a la impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas. Deben empezar por reconocer el verdadero alcance y la gravedad de las violaciones de derechos humanos perpetradas, y luego tomar medidas para rectificar ese legado.
• Las autoridades deben combatir la discriminación en todas sus formas y hacer respetar los derechos de mujeres y niñas y de minorías étnicas, religiosas y de otra índole, incluidas las personas perseguidas por su identidad sexual.
¿Por qué Amnistía Internacional siempre pide que se obligue a rendir cuentas a los autores de abusos contra los derechos humanos?
Las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares tienen derecho a la justicia. Tienen derecho a saber lo que ocurrió, y a obtener reparación y resarcimiento.
La experiencia en todo el mundo demuestra que es imprescindible conocer la verdad para los sobrevivientes y las familias de las víctimas; el hecho de que quienes ejercen el poder repriman, oculten o priven de este derecho tiene consecuencias demoledoras para estas personas.
Cuando se cometen delitos pero no hay investigación, procesamiento ni castigo, lo más probable es que vuelvan a cometerse.
Al no tomar medidas, las autoridades transmiten el mensaje de que los torturadores, homicidas y demás agresores pueden cometer violaciones de derechos humanos sin miedo a ser procesados por ello.
Al amparo del estado de excepción vigente durante varias décadas en Egipto, las fuerzas de seguridad han cometido abusos de forma sistemática y no han sido penalizadas salvo raras excepciones, lo que ha fomentado el desprecio por los derechos humanos entre las fuerzas de seguridad y ha favorecido la continuación de la violencia.
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