jueves, 27 de enero de 2011

Organizaciones salvadoreñas exigen la aprobación de una ley para rebajar el precio de los medicamentos


19/01/2011
Diversas organizaciones de El Salvador, entre ellas nuestras aliadas APROCSAL y Asociación de Ayuda Humanitaria Pro-Vida, exigen pasos relevantes para que se regule el mercado de medicamentos.
Las medicinas son prohibitivas para
 gran parte de la población
salvadoreña.
Organizaciones de El Salvador, entre ellas nuestras aliadas APROCSAL y Asociación de Ayuda Humanitaria Pro-Vida, exigen estos días pasos relevantes para que se regule el mercado de medicamentos, ya que hablamos de uno de los países más caros del mundo para adquirirlos. La carestía de fármacos básicos, unida a la pobreza estructural del país, agrava notablemente la ya de por sí crítica situación de la población salvadoreña.
Entre otras medidas, para exigir la aprobación de una Ley de Medicamentos que haga justicia, diversas organizaciones hacen incidencia pública y política de extremo a extremo en el país: “Un Estado empobrecido no puede permitirse los medicamentos más caros del mundo”, claman muchas de las organizaciones civiles.
Miembros del Foro Nacional de Salud y de la Alianza contra la Privatización de la Salud han bloqueado esta semana diversas arterias del país, entre ellas la Alameda Juan Pablo II y la 13 Avenida Norte en San Salvador como medida de presión para que se efectúe una pronta aprobación de la Ley Nacional de Medicamentos, proyecto que ya lleva once meses estancado en el plenario.
Nuestras organizaciones aliadas para garantizar el derecho a la salud como son APROCSAL y Pro-Vida piden que se garantice el derecho de las poblaciones más vulnerables a unos medicamentos dignos y a un precio justo. Con esta ley que reivindican se pretende asegurar la accesibilidad y el uso racional de medicamentos esenciales y genéricos a los sectores desfavorecidos.
Igualmente, las protestas buscan que se asegure el principio de intervención del Estado y que éste sea imparcial respecto de los controles de comercialización, autorización sanitaria y registros previos sobre medicamentos. También solicitan que el abordaje de la ley se haga desde un enfoque de derechos.
Y, sobre todo, demandan que se regulen por Ley los medicamentos, porque en caso de enfermedades graves o crónicas son la causa mayor de empobrecimiento y descenso en la escala social. De hecho, en todos los países de la región centroamericana, incluyendo Panamá, la regulación de medicamentos está adscrita a los Ministerios de Salud, como única instancia rectora, excepto en El Salvador, donde la rectoría la ejerce un ente autónomo con claros conflictos de intereses.
La Ley de Medicamentos es una exigencia justa para combatir enfermedades básicas entre poblaciones rurales y periurbanas marginales de El Salvador, las cuales ven cómo la carestía de la salud les impide desarrollar una vida mínimamente digna. La salud es un derecho inherente a todas las personas antes que un instrumento comercial.
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