El informe de la cartografía de las Naciones Unidas ha sido preparado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y se describen las más graves violaciónes de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en la República Democrática del Congo (RDC) entre marzo de 1993 y junio de 2003. Es un documento sólido, detallado, basado en una investigación exhaustiva y creíble por un equipo humano de profesionales alrededor del 20 internacionales y los derechos del Congo en el transcurso de 12 meses. El informe se centra en 617 de los incidentes más graves en el Congo durante el período de 10 años y ofrece detalles de los casos graves de asesinatos en masa, la violencia sexual, los ataques contra los niños, y otros abusos cometidos por una serie de actores armados, incluidos los ejércitos extranjeros, se rebelan grupos, y las fuerzas del gobierno congoleño.
El informe dice que las mujeres y los niños fueron las principales víctimas de la mayor parte de la violencia que el equipo de documentados. Para "reflejar adecuadamente la magnitud de la violencia practicada por todos los grupos armados" contra los más vulnerables, el informe dedica capítulos específicos a los delitos de violencia sexual contra mujeres y niñas y la violencia contra los niños. También dedica un capítulo al papel desempeñado por la explotación de recursos naturales en relación con los crímenes cometidos en el Congo.
El informe concluye que la mayoría de los crímenes documentados califican como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Con referencia a una serie particular de acontecimientos entre 1996 y 1997, el informe plantea la cuestión de si ciertos delitos cometidos por el ejército ruandés y sus aliados congoleños, la Alianza de Fuerzas Democráticas para la Liberación del Congo-Zaire (AFDL), grupo rebelde, contra los refugiados hutus ruandeses y congoleños ciudadanos hutus (ver más abajo para más detalles) pueden ser clasificados como delitos de genocidio. El informe especifica que correspondería a un tribunal competente para hacer tal juicio.
¿Por qué es importante este informe?
El informe de la cartografía de la ONU es un poderoso recordatorio de la gravedad de los crímenes cometidos en el Congo y la ausencia sorprendente de la justicia. El informe señala que el período cubierto por el ejercicio de mapeo es "probablemente uno de los capítulos más trágicos en la historia reciente del Congo." En esta década, dice, "se caracterizó por una serie de grandes crisis políticas, guerras y múltiples conflictos étnicos y regionales que provocó la muerte de cientos de miles si no millones, de personas". Señala que "los civiles congoleños y extranjeros muy pocos viven en el territorio de la República Democrática del Congo logró escapar de la violencia."
El informe de la cartografía es la primera vez que estos delitos, perpetrados por una variedad de actores, se han analizado exhaustivamente, compilado, y sistemáticamente organizada en un informe oficial de las Naciones Unidas. Muchos de los eventos han sido documentados antes, incluso por la propia ONU y por organizaciones no gubernamentales, pero otros se ha reportado. Si se sigue por una acción fuerte a nivel nacional e internacional, el informe podría hacer una contribución fundamental para acabar con la impunidad y romper el círculo de la violencia en el Congo y en toda la región de los Grandes Lagos.
¿Hay alguna diferencia entre la versión que se filtró a la prensa en agosto y la versión oficial publicada por la ONU el 1 de octubre?
No hay diferencia sustancial. El informe no ha sido alterado de manera significativa. La versión oficial publicado el 1 de octubre incluye aclaraciones adicionales sobre la definición legal del delito de genocidio y los argumentos a favor y en contra de clasificación algunos de los eventos de 1996 y 1997 como delitos de genocidio. En él se exponen algunos de los factores que podrían llevar a un tribunal que caracterizan a algunos de estos delitos como crímenes de genocidio, así como los factores compensatorios que podrían llevar a un tribunal encuentra que la intención necesaria para cometer genocidio, y entiende que el delito de genocidio no se han cometido. Concluye que "una investigación judicial completa sobre los hechos ocurridos en el Zaire en 1996 a 1997 será necesario, a fin de permitir un tribunal competente para decidir sobre el asunto."
La versión oficial incorpora las observaciones del gobierno congoleño. Otros gobiernos han tenido la oportunidad de publicar sus respuestas en la página web de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El gobierno de Ruanda, en particular, se opuso enérgicamente al informe y amenazó con retirar sus 3.000 soldados de paz de la misión de paz de la Unión Africana-ONU en Darfur si la publicación del informe y la denuncia de los crímenes de genocidio cometidos por sus tropas en el Congo no fue quita del documento. La ONU se opuso a esta presión y el 24 de septiembre, el presidente Paul Kagame de Ruanda se alejó de la amenaza.
¿Cuál es el origen de este informe? ¿Por qué las Naciones Unidas deciden buscar a los crímenes cometidos en el pasado en el Congo ahora?
La ONU anterioridad a algunos de los delitos descritos en el informe, en particular en 1997, cuando Kofi Annan, el secretario general, nombrado un equipo de investigación para investigar los crímenes graves cometidos en el Congo desde marzo de 1993 a diciembre 1997. Sin embargo, estas investigaciones fueron bloqueadas en varias ocasiones por el gobierno congoleño, encabezado en ese momento por Laurent-Désiré Kabila (padre de Joseph Kabila, el actual presidente), quien había llegado al poder con la ayuda de Ruanda y Uganda.
A pesar de estos intentos de bloquear el equipo de investigación, la ONU ha publicado las conclusiones preliminares del equipo en 1998, que llegó a la conclusión de que algunos de los asesinatos en 1996 y 1997 por el ejército ruandés y sus aliados rebeldes congoleños, la AFDL, puede constituir genocidio. Debido a que su trabajo había sido seriamente obstaculizado, el equipo de llamada para las posteriores investigaciones y pidió que las pruebas y otra información confidencial que había obtenido se almacena en un lugar seguro hasta que una investigación más a fondo era posible.
En septiembre de 2005, la misión de paz de la ONU en el Congo, la MONUC, descubrieron tres fosas comunes en Rutshuru, en el norte de la provincia de Kivu del este del Congo, en relación a los delitos cometidos en 1996 y 1997. El macabro hallazgo fue un recordatorio de los horrores que habían tenido lugar y de la ausencia de la justicia. Actuó como un disparador para reabrir las investigaciones. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, con el apoyo del Secretario General de la ONU, inició el ejercicio de mapeo, llamada así porque fue para documentar los delitos más graves durante un período de tiempo determinado y el área geográfica, y amplió el mandato de incluyen violaciónes de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario durante la segunda guerra del Congo, entre 1998 y 2003.
En mayo de 2007, el presidente Joseph Kabila aprobó el ejercicio de mapeo y en julio de 2008, un equipo llegó en el Congo para comenzar el trabajo. Esta vez el equipo fue capaz de operar sin obstáculos.
¿Por qué el gobierno de Ruanda tan enojado sobre este informe?
El gobierno de Ruanda, y otros gobiernos mencionados en el informe, están comprensiblemente sensible a las denuncias de crímenes cometidos por sus tropas. Si bien el informe documenta horrendos crímenes por muchos grupos armados en el Congo, algunos de los delitos más graves, según el informe, fueron cometidos por el ejército ruandés (el Ejército Patriótico de Rwanda, el EPR) y sus aliados, el grupo de la AFDL rebeldes congoleños en el Congo en 1996 y 1997.
El informe dice que los ataques cometidos por el EPR y la AFDL "revelan una serie de elementos de cargo que, de ser probados ante un tribunal competente, podría ser calificados de crímenes de genocidio." Por lo menos, concluye, "La información reunida hasta la fecha permite confirmar con claridad que estos [los ataques] eran de hecho los crímenes contra la humanidad."
El gobierno de Ruanda recibió una copia anticipada del informe en julio y desde entonces ha tratado de despedir y desacreditarlo, alegando que los cargos de genocidio son absurdas e irresponsables y que el informe fue instigado por personas que se oponen al gobierno de Ruanda. El gobierno ruandés ha puesto gran presión sobre el Secretario General Ban Ki-moon, para detener la publicación del informe, además de su amenaza de retirar sus 3.000 soldados de paz de Darfur. También ha alentado a otros países africanos para denunciar el informe. En un comunicado de fecha 24 de septiembre, el gobierno de Uganda también rechazó el informe y dijo que socavaba resolver de Uganda a que sigan contribuyendo a las operaciones de mantenimiento de la paz.
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El informe concluye que la mayoría de los crímenes documentados califican como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Con referencia a una serie particular de acontecimientos entre 1996 y 1997, el informe plantea la cuestión de si ciertos delitos cometidos por el ejército ruandés y sus aliados congoleños, la Alianza de Fuerzas Democráticas para la Liberación del Congo-Zaire (AFDL), grupo rebelde, contra los refugiados hutus ruandeses y congoleños ciudadanos hutus (ver más abajo para más detalles) pueden ser clasificados como delitos de genocidio. El informe especifica que correspondería a un tribunal competente para hacer tal juicio.
El objetivo de este ejercicio de mapeo no era "establecer la responsabilidad individual, ni echar la culpa." En cambio, el informe dice que el ejercicio de mapeo se "pretende ser un primer paso hacia el proceso a veces doloroso, pero esencial, no obstante de la verdad después de los conflictos violentos" y que el informe "mira hacia el futuro mediante la identificación de una serie de caminos que se podrían perseguidos por la sociedad congoleña llegar a un acuerdo con su pasado, para combatir la impunidad, y hacer frente a sus retos actuales de una manera que impide la reaparición de estas atrocidades. " Una parte importante del informe está dedicado a una evaluación del actual sistema de justicia congoleña, el marco jurídico para tratar estos delitos, y las opciones de justicia transicional.
¿Por qué es importante este informe?
El informe de la cartografía de la ONU es un poderoso recordatorio de la gravedad de los crímenes cometidos en el Congo y la ausencia sorprendente de la justicia. El informe señala que el período cubierto por el ejercicio de mapeo es "probablemente uno de los capítulos más trágicos en la historia reciente del Congo." En esta década, dice, "se caracterizó por una serie de grandes crisis políticas, guerras y múltiples conflictos étnicos y regionales que provocó la muerte de cientos de miles si no millones, de personas". Señala que "los civiles congoleños y extranjeros muy pocos viven en el territorio de la República Democrática del Congo logró escapar de la violencia."
El informe de la cartografía es la primera vez que estos delitos, perpetrados por una variedad de actores, se han analizado exhaustivamente, compilado, y sistemáticamente organizada en un informe oficial de las Naciones Unidas. Muchos de los eventos han sido documentados antes, incluso por la propia ONU y por organizaciones no gubernamentales, pero otros se ha reportado. Si se sigue por una acción fuerte a nivel nacional e internacional, el informe podría hacer una contribución fundamental para acabar con la impunidad y romper el círculo de la violencia en el Congo y en toda la región de los Grandes Lagos.
¿Hay alguna diferencia entre la versión que se filtró a la prensa en agosto y la versión oficial publicada por la ONU el 1 de octubre?
No hay diferencia sustancial. El informe no ha sido alterado de manera significativa. La versión oficial publicado el 1 de octubre incluye aclaraciones adicionales sobre la definición legal del delito de genocidio y los argumentos a favor y en contra de clasificación algunos de los eventos de 1996 y 1997 como delitos de genocidio. En él se exponen algunos de los factores que podrían llevar a un tribunal que caracterizan a algunos de estos delitos como crímenes de genocidio, así como los factores compensatorios que podrían llevar a un tribunal encuentra que la intención necesaria para cometer genocidio, y entiende que el delito de genocidio no se han cometido. Concluye que "una investigación judicial completa sobre los hechos ocurridos en el Zaire en 1996 a 1997 será necesario, a fin de permitir un tribunal competente para decidir sobre el asunto."
La versión oficial incorpora las observaciones del gobierno congoleño. Otros gobiernos han tenido la oportunidad de publicar sus respuestas en la página web de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El gobierno de Ruanda, en particular, se opuso enérgicamente al informe y amenazó con retirar sus 3.000 soldados de paz de la misión de paz de la Unión Africana-ONU en Darfur si la publicación del informe y la denuncia de los crímenes de genocidio cometidos por sus tropas en el Congo no fue quita del documento. La ONU se opuso a esta presión y el 24 de septiembre, el presidente Paul Kagame de Ruanda se alejó de la amenaza.
¿Cuál es el origen de este informe? ¿Por qué las Naciones Unidas deciden buscar a los crímenes cometidos en el pasado en el Congo ahora?
La ONU anterioridad a algunos de los delitos descritos en el informe, en particular en 1997, cuando Kofi Annan, el secretario general, nombrado un equipo de investigación para investigar los crímenes graves cometidos en el Congo desde marzo de 1993 a diciembre 1997. Sin embargo, estas investigaciones fueron bloqueadas en varias ocasiones por el gobierno congoleño, encabezado en ese momento por Laurent-Désiré Kabila (padre de Joseph Kabila, el actual presidente), quien había llegado al poder con la ayuda de Ruanda y Uganda.
A pesar de estos intentos de bloquear el equipo de investigación, la ONU ha publicado las conclusiones preliminares del equipo en 1998, que llegó a la conclusión de que algunos de los asesinatos en 1996 y 1997 por el ejército ruandés y sus aliados rebeldes congoleños, la AFDL, puede constituir genocidio. Debido a que su trabajo había sido seriamente obstaculizado, el equipo de llamada para las posteriores investigaciones y pidió que las pruebas y otra información confidencial que había obtenido se almacena en un lugar seguro hasta que una investigación más a fondo era posible.
En septiembre de 2005, la misión de paz de la ONU en el Congo, la MONUC, descubrieron tres fosas comunes en Rutshuru, en el norte de la provincia de Kivu del este del Congo, en relación a los delitos cometidos en 1996 y 1997. El macabro hallazgo fue un recordatorio de los horrores que habían tenido lugar y de la ausencia de la justicia. Actuó como un disparador para reabrir las investigaciones. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, con el apoyo del Secretario General de la ONU, inició el ejercicio de mapeo, llamada así porque fue para documentar los delitos más graves durante un período de tiempo determinado y el área geográfica, y amplió el mandato de incluyen violaciónes de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario durante la segunda guerra del Congo, entre 1998 y 2003.
En mayo de 2007, el presidente Joseph Kabila aprobó el ejercicio de mapeo y en julio de 2008, un equipo llegó en el Congo para comenzar el trabajo. Esta vez el equipo fue capaz de operar sin obstáculos.
¿Por qué el gobierno de Ruanda tan enojado sobre este informe?
El gobierno de Ruanda, y otros gobiernos mencionados en el informe, están comprensiblemente sensible a las denuncias de crímenes cometidos por sus tropas. Si bien el informe documenta horrendos crímenes por muchos grupos armados en el Congo, algunos de los delitos más graves, según el informe, fueron cometidos por el ejército ruandés (el Ejército Patriótico de Rwanda, el EPR) y sus aliados, el grupo de la AFDL rebeldes congoleños en el Congo en 1996 y 1997.
El informe dice que los ataques cometidos por el EPR y la AFDL "revelan una serie de elementos de cargo que, de ser probados ante un tribunal competente, podría ser calificados de crímenes de genocidio." Por lo menos, concluye, "La información reunida hasta la fecha permite confirmar con claridad que estos [los ataques] eran de hecho los crímenes contra la humanidad."
El gobierno de Ruanda recibió una copia anticipada del informe en julio y desde entonces ha tratado de despedir y desacreditarlo, alegando que los cargos de genocidio son absurdas e irresponsables y que el informe fue instigado por personas que se oponen al gobierno de Ruanda. El gobierno ruandés ha puesto gran presión sobre el Secretario General Ban Ki-moon, para detener la publicación del informe, además de su amenaza de retirar sus 3.000 soldados de paz de Darfur. También ha alentado a otros países africanos para denunciar el informe. En un comunicado de fecha 24 de septiembre, el gobierno de Uganda también rechazó el informe y dijo que socavaba resolver de Uganda a que sigan contribuyendo a las operaciones de mantenimiento de la paz.
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