Sep, 23.09.2010
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, interpuso este viernes una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, en contra del Estado chileno por el caso de la jueza Karen Atala, a quien le fue quitada la tuición de sus tres hijas debido a su orientación sexual el año 2003. La CIDH concluyó que habría existido discriminación sexual e “interferencia arbitraria en la vida privada y familiar” en contra de la jueza por parte del Estado, según dice el comunicado de prensa emitido por la institución.
Si bien esta es una buena noticia para Karen Atala (en la foto), su abogado, Jorge Contesse, llama a la calma, ya que aclara que la resolución de la Corte puede tomar varios años. Sin embargo, subraya que la importancia radica en el precedente que sienta este caso para la legislación sobre minorías sexuales.
“Esto es un caso que trasciende a su interés particular: a ella ya se le provocó un daño que en buena medida es irreparable, como es separar a una madre de sus hijas, las que ya han crecido fuera del hogar materno, donde estaban hasta antes de la resolución de la Corte Suprema. Hoy lo que ella espera es que en Chile nunca más una mujer por el hecho de tener una orientación sexual diversa, se vea privada de su derecho de ser madre”, aseveró Contesse.
Para Emma de Ramón, pareja de la jueza, no habría existido ninguna voluntad política a favor de solucionar el caso. “Es un momento de satisfacción, pero a la vez de una inmensa tristeza, de ver que en nuestra patria -más encima en el Bicentenario- no haya habido ninguna posibilidad de llegar a conmover, no solamente al Gobierno, sino que también al Parlamento, respecto a la necesidad que existe de proteger las familias que son diversas”, dijo De Ramón.
En un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, se señala que el Gobierno “reitera la voluntad de avanzar sustantivamente en el sentido de las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo, aun cuando la concreción de dichas medidas requiera de tiempos que pueden no coincidir con los considerados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
Por otro lado, para el Movimiento por la Diversidad Sexual, Mums, estos casos de discriminación sexual ocurren porque en Chile no existe “ley contra la discriminación. La propuesta presentada por la sociedad civil lleva más de diez años en tramite y está estancada en el Senado debido a la oposición que han manifestado sectores ligados al ahora oficialismo, que se han opuesto a la inclusión explicita de la “orientación sexual” en el texto como causal de discriminación”.
Pía Matta, presidenta de la Corporación La Morada, coincide con la opinión del Mums, señalando que la legislación chilena tiene una deuda con el avance de los derechos de las minorías, como la libertad de expresión o diferencia sexual. Esta deuda, según Matta, se corresponde con una asimetría entre la legislación de nuestro país en comparación con el avance de la jurisprudencia internacional, que ha progresado considerablemente en los últimos años.
LITIGIO ENTRE PADRES
El caso de la jueza Atala se remonta al año 2003, cuando Jaime López, ex marido de la magistrada, demandara la tuición de las menores de edad abogando por la orientación sexual de Atala, quien convivía con su pareja Emma de Ramón.
Tanto en la sentencia de primera como de segunda instancia se falló a favor de la custodia materna, por lo que López interpuso un recurso extraordinario de Queja ante la Corte Suprema de Chile, instancia que revocó los fallos anteriores y cedió la tuición al padre argumentado que “la convivencia entre Atala y su pareja, sitúa a las menores en un estado de vulnerabilidad en su medio social, pues es evidente que su entorno familiar excepcional se diferencia significativamente del que tienen sus compañeros de colegio y relaciones de la vecindad en que habitan, exponiéndolas a ser objeto de aislamiento y discriminación que igualmente afectará a su desarrollo personal”, poniendo fin a cualquier posibilidad de alegato en nuestro país.
Ante este fallo, Karen Atala recurre a la CIDH por atentados graves a los Derechos Humanos de las personas, como el derecho a la igualdad y la no discriminación. En el 2008 la Comisión declara admisible la denuncia y emite dos años después un informe en el que concluye que los derechos de la jueza fueron vulnerados recomendando su compensación y la prevención sobre casos similares en el futuro. En el texto se insta a “adoptar legislación, políticas públicas, programas y directivas para prohibir y erradicar la discriminación con base en la orientación sexual en todas las esferas del ejercicio del poder público, incluyendo la administración de justicia”.
Por Sebastián Fierro Kalbhenn
Fuente: El Ciudadano.
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