Humanity: SIN JUSTICIA NO PUEDE HABER UNA VERDADERA RECONCILIACIÓN EN ZIMBABUE

Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, escucha los testimonios de víctimas de la violencia política, Zimbabue, 16 de junio de 2009

Irene Khan (derecha), secretaria general de Amnistía Internacional, con la activista de derechos humanos zimbabuense Jestina Mukoko, 14 de junio de 2009

18 junio 2009

Amnistía Internacional posee un historial prolongado de trabajo constante sobre temas de derechos humanos en Zimbabue que data de hace más de 40 años.

Esta visita de Amnistía Internacional se produce en una encrucijada crítica en la historia de Zimbabue, nueve meses después de la aprobación del Acuerdo Político Global y cuatro meses después del establecimiento del gobierno de inclusión, tras un decenio de crisis política marcado por un elevado índice de violaciones de derechos humanos. El objetivo de la visita de Amnistía Internacional ha sido evaluar la situación de derechos humanos y el compromiso del gobierno para poner fin los abusos contra los derechos humanos y llevar a cabo reformas en el marco del Acuerdo Político Global, así como formular recomendaciones al gobierno y a la comunidad internacional sobre el camino a seguir.

Nos reunimos con la vicepresidenta, Joice Mujuru; ministro de Defensa, Emmerson Dambudzo Mnangagwa; ministro de Educación, David Coltart; ministro de Estado en la Oficina del Presidente, Didymus Mutasa; viceministra de Justicia, Jessie Majome; ministro del Interior, Kembo Mohadi; ministro del Interior, Giles Mutsekwa; ministra de Estado (Reconciliación Nacional), Sekai Holland, y presidente de la Asamblea Legislativa, Lovemore Moyo. La delegación se reunió con el ministro de Vivienda, Fidelis Mhashu.

Aunque la solicitamos, no conseguimos una cita con el presidente. Me reuniré con el primer ministro en Londres el lunes 22 de junio.

Agradecemos mucho la colaboración franca y abierta que ha mostrado el gobierno con Amnistía Internacional y el acceso sin restricciones del que hemos disfrutado.

También nos reunimos con numerosos representantes de la sociedad civil en Harare y Bulawayo y con hombres, mujeres, niños y niñas de áreas tanto rurales como urbanas, incluidos supervivientes de violencia política y de otros abusos contra los derechos humanos. Visitamos una comunidad rural próxima a Bulawayo, asentamientos urbanos para personas desplazadas y una escuela primaria en Harare. También nos reunimos con representantes diplomáticos de países africanos y occidentales.

Nuestras conclusiones se basan en una amplia investigación realizada con anterioridad a la visita, así como en las reuniones y debates mantenidos en el curso de ella.

Valoración general de la organización

• Aunque el nivel de violencia política es significativamente inferior al de hace un año, la situación de derechos humanos en Zimbabue sigue siendo precaria y las condiciones socioeconómicas desesperadas.
o Defensores y defensoras de los derechos humanos, así como periodistas y profesionales de la enseñanza y del derecho continúan siendo objeto de intimidaciones, hostigamiento, amenazas, detención y procesamiento, a menudo por acusaciones hechas con mala fe.
o Continúan las acciones judiciales entabladas contra 15 activistas políticos y defensores de los derechos humanos que fueron secuestrados el año pasado, sin que se hayan investigado sus denuncias de tortura durante la desaparición.
o Aún no se ha localizado a siete activistas del Movimiento por el Cambio Democrático que fueron víctimas de desaparición forzada en 2008. Cuando planteamos el caso a los dos ministros del Interior, nos aseguraron que estas personas no están bajo custodia policial, aunque no fueron capaces de decir qué les ha ocurrido.
o El derecho de manifestación pacífica sigue estando gravemente restringido. Ayer mismo, recibimos informes según los cuales un grupo de activistas de la organización Mujeres de Zimbabue, ¡en pie! (WOZA) fueron golpeadas por la policía, que detuvo al menos a ocho, por llevar a cabo una manifestación pacífica en Bulawayo.
o A pesar de los compromisos públicos, cuatro meses después del establecimiento del gobierno de inclusión, no se ha concedido ninguna licencia de emisión a medios de comunicación independientes. En su lugar, varios periodistas han sido amenazados, detenidos y están siendo procesados por denunciar conducta indebida por parte de la policía.
o Persisten las invasiones de granjas, en las que se ejerce violencia contra los granjeros y los trabajadores agrícolas. Según la ONU, a lo largo de 2009 más de 2.800 hogares de trabajadores agrícolas han sido afectados por la violencia.
o Las condiciones económicas desesperadas han conducido a una grave denegación de los derechos económicos y sociales de millones de ciudadanos zimbabuenses, que padecen escasez de alimentos, graves amenazas para la salud y la crisis del sistema educativo.
o Cuatro años después de los desalojos forzosos llevados a cabo en el marco de la Operación Murambatsvina, la mayoría de las víctimas siguen sin tener una vivienda adecuada y no han recibido reparación.
o Las condiciones en las prisiones de Zimbabue son deplorables. La grave escasez de alimentos y la falta de asistencia médica son responsables del elevado índice de fallecimientos. Entre enero y mayo de 2009 murieron 970 presos, de una población carcelaria de 15.000 personas.

• Impunidad no resuelta

La cultura de la impunidad está profundamente arraigada en todos los niveles del Estado. No se ha llevado a cabo ninguna investigación o enjuiciamiento importante contra los responsables de la violencia política auspiciada por el Estado. Pese a la promesa, formulada en el Acuerdo Político Global, de poner a disposición de la justicia a todos los responsables de actos de violencia política, ministros de ambos partidos han confirmado a Amnistía Internacional que abordar la impunidad no figura entre las prioridades del gobierno en estos momentos. [Salvo una causa contra tres partidarios de la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico en Chiredzi en abril de este año, Amnistía Internacional no ha tenido conocimiento de ninguna investigación o procesamiento para abordar la violencia política]. Agentes de policía de media y baja graduación afirmaron que sus superiores les habían dado instrucciones de no investigar casos en los que las víctimas fuesen partidarias del Movimiento por el Cambio Democrático. Varias víctimas confirmaron que cuando acudieron a la policía sus denuncias no fueron consideradas.

Esta tolerancia de la impunidad es peligrosa porque es interpretada por los responsables de violaciones de derechos humanos –ya sean agentes de la policía, miembros de las fuerzas de seguridad o activistas de partidos políticos– como una licencia para seguir amenazando, agrediendo e intimidando a sus oponentes.

El manifiesto desinterés del gobierno por la cuestión de la impunidad contrasta acusadamente con las demandas de justicia, resarcimiento y reparación de las víctimas y supervivientes de la violencia con quienes se entrevistó nuestra delegación. La falta de respuesta por parte del Estado incrementa el riesgo de violencia como represalia. [Algunas personas han emprendido acciones por su cuenta para recobrar sus pollos, cabras y otras propiedades de manos de quienes les atacaron en 2008, incrementando el riesgo de violencia y de violaciones de derechos humanos].

El gobierno está a punto de lanzar un plan de reconciliación nacional, pero Amnistía Internacional tiene el convencimiento de que sin justicia no puede haber una verdadera reconciliación en un país profundamente polarizado por decenios de violencia política.

• Ningún progreso en la reforma del sector de la seguridad

Miembros de la policía, del ejército y otros funcionarios de seguridad han sido autores clave de violaciones de derechos humanos en Zimbabue. Aunque la necesidad de reforma del sector de la seguridad es urgente, todavía no hemos recibido indicaciones claras del gobierno sobre si se va a llevar a cabo la reforma, ni cómo y cuándo tendrá lugar.

Esta falta de claridad hace temer a activistas de derechos humanos y a ciudadanos de a pie que, si estalla de nuevo la violencia en Zimbabue, el aparato de seguridad del Estado no les protegerá e incluso puede ser utilizado contra ellos.

• La implementación del Acuerdo Político Global no se considera urgente

Si bien el Acuerdo Político Global proporciona un marco para introducir cambios sustanciales en materia de derechos humanos, el compromiso de cumplirlo no es ni fuerte ni compartido por todas las partes del gobierno. El Consejo de Seguridad Nacional no se ha reunido desde marzo. La Comisión Conjunta de Implementación y Supervisión Operativa–el principal organismo gubernamental para supervisar el Acuerdo Político Global– no funciona adecuadamente. Algunos elementos de la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico ven en el uso de la violencia una forma legítima de acallar a los rivales políticos y conservar el poder. Se resisten o socavan los intentos de introducir reformas en materia de derechos humanos, o bien defienden los derechos humanos sólo de palabra y simplemente esperan a las próximas elecciones. También entre algunos sectores del Movimiento por el Cambio Democrático existe la inclinación a ignorar los motivos de preocupación en materia de derechos humanos en aras de la conveniencia política. Los esfuerzos que el Movimiento por el Cambio Democrático invierta en localizar a los activistas desaparecidos serán una prueba de su compromiso con los derechos humanos.

Las persistentes y graves violaciones de derechos humanos que se cometen, sumadas a la ausencia de medidas para llevar a cabo una reforma de las fuerzas de seguridad, militares y policiales y para abordar la impunidad, así como a la falta de un compromiso claro por parte de algunos sectores del gobierno constituyen verdaderos obstáculos a los que los líderes máximos de Zimbabue deben hacer frente.

Recomendaciones clave

• El gobierno debe prestar la misma atención a acabar con las violaciones de derechos humanos y a garantizar el cambio en materia de derechos humanos que la que presta a buscar recursos económicos o a poner fin a las sanciones.
• La escasez de recursos no justifica las violaciones de derechos humanos. Para poner fin a las agresiones contra defensores y defensoras de los derechos humanos, profesionales de la enseñanza y el derecho, periodistas o rivales políticos, levantar las restricciones impuestas a los medios de comunicación y permitir las manifestaciones públicas no se necesita dinero. Lo que se requiere es voluntad política.
• Para poner fin al clima de intimidación, el presidente Mugabe y el primer ministro Tsvangerai deben realizar declaraciones públicas dando instrucciones a los activistas de sus respectivos partidos para que dejen de hostigar, intimidar y amenazar a los rivales políticos, profesionales de la enseñanza y el derecho, periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos.
• El proceso de reforma constitucional puede ser un vehículo para crear una nueva cultura de la diversidad. La creación del gobierno de inclusión significa que Zimbabue no tiene oposición política, con lo que la voz de la sociedad civil se hace aún más importante. Se debe proporcionar a la sociedad civil espacio para debatir, discutir, protestar y movilizar distintos puntos de vista, así como para participar plenamente en las consultas constitucionales y en la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Medios de Comunicación.
• Ningún debate significativo es posible sin unos medios de comunicación libres. Deben concederse licencias a periódicos independientes y las ondas deben liberalizarse con carácter de urgencia. Se debe permitir a los medios de comunicación nacionales e internacionales que desarrollen libremente sus actividades. Esas acciones no requieren nuevas leyes ni más dinero.
• El Acuerdo Político Global reconoce el derecho a la libertad de reunión, asociación y expresión, que debe ser implementado.
• Amnistía Internacional no peca de ingenua. Somos plenamente conscientes de que estas medidas difícilmente serán respetadas sin el apoyo y la presión del exterior. La polarización existente en la política de Zimbabue se refleja en la polarización de la comunidad internacional hacia el país y ello está reduciendo el impacto de la presión externa en él.
• Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional –gobiernos africanos y occidentales– para que trabaje unida en la elaboración de una estrategia común de derechos humanos sobre Zimbabue. La universalidad de los derechos humanos exige que los actores regionales e internacionales traten la situación de derechos humanos de Zimbabue no sólo como un tema regional, sino como un asunto merecedor de la preocupación y el apoyo internacionales. Más concretamente,
o Pedimos al presidente Zuma, de Sudáfrica, que, como presidente de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral, asuma el liderazgo ampliando el elenco de actores internacionales e introduciendo unas medidas más efectivas de rendición de cuentas y supervisión del progreso en materia de derechos humanos realizado en el marco del Acuerdo Político Global.
o Pedimos a todos los gobiernos –africanos y occidentales– que elaboren un conjunto de criterios comunes y un proceso para evaluar la actuación de Zimbabue en materia de derechos humanos y para apoyar a su gobierno en el cumplimiento de esos criterios.
o Pedimos al gobierno de Zimbabue que invite al la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a establecer una presencia en el país con el fin de apoyar las reformas en materia de derechos humanos y supervisar los progresos.
o Aunque la valoración de la situación de los derechos humanos es sombría, la comunidad de donantes no debe utilizarlo como excusa para retener una ayuda financiera que podría producir un cambio fundamental en las necesidades humanitarias o en la reforma sustancial de la situación de los derechos humanos. Creemos que debe ampliarse la ayuda humanitaria a Zimbabue, aunque de un modo transparente, responsable y que tenga un efecto positivo sobre los derechos humanos.
o En nuestras reuniones con ciudadanos zimbabuenses de comunidades pobres, tanto rurales como urbanas, uno de los temas recurrentes fue el de la educación: ante la imposibilidad de pagar las cuotas, los padres se ven obligados a hacer elecciones imposibles: alimentar a sus hijos o educarlos; enviar a la escuela a su hijo o a su hija. La ayuda internacional debe proporcionarse de manera que permita al gobierno suprimir todos las cuotas e impuestos en la escuela primaria e invertir para conservar al profesorado, pero también suministrar material educativo y mejorar las instalaciones escolares. Los niños de Zimbabue no deben sufrir por el fracaso político de su gobierno o las diferencias políticas entre su gobierno y la comunidad internacional de donantes.

Los avances en materia de derechos humanos han sido lentos. Las palabras no se han traducido en acciones. Sin embargo, el Acuerdo Político Global y el establecimiento del gobierno de inclusión han cambiado la dinámica política y todas las partes, nacionales e internacionales, deben aprovechar esa oportunidad.

Como jefe del Estado, comandante en jefe de las fuerzas armadas y líder del país durante los tres últimos decenios, el presidente Mugabe, junto con las personas de su entorno, está especialmente obligado a asumir el reto de hacer cumplir el Acuerdo Político Global, en particular en lo que respecta a las cuestiones básicas de derechos humanos.

La comunidad internacional debe superar su polarización y encontrar una base común, sustentada en los derechos humanos, para ayudar a Zimbabue a ponerse en pie de nuevo.
Los avances en materia de derechos humanos han sido terriblemente lentos. El pueblo no debe ser rehén de las ambiciones políticas de sus líderes.