Unos soldados que llevaban boinas rojas viajaron 300 kilómetros hacia el norte desde la capital de Guinea, Conakry, hasta Khoréra, cerca de Boké, en busca de Karamba Dramé, un dirigente juvenil local. Cuando lo encontraron, un soldado le disparó. Karamba Dramé murió antes de llegar al hospital, el 31 de octubre de 2008.
Como en muchos países del continente, la población de Guinea se vio muy afectada durante el año por las subidas de los precios de los alimentos y otros productos. Había estallado una ola de manifestaciones y las autoridades creían que Karamba Dramé era uno de los organizadores de las protestas. Por eso lo mataron.
La crisis alimentaria, que caracterizó el año 2008 en África, afectó de forma desproporcionada a los grupos de población vulnerables, especialmente a los que ya vivían en la pobreza. En todo el continente, la gente se manifestó contra la desesperada situación social y económica y el brusco aumento del costo de la vida. Si bien algunas manifestaciones se volvieron violentas y desembocaron en destrucción de bienes públicos y privados, en muchos casos las autoridades reprimieron las protestas usando fuerza excesiva. Las fuerzas de seguridad hirieron y mataron a numerosas personas que reclamaban su derecho a un nivel de vida adecuado, incluido el derecho a la alimentación. Se detuvo arbitrariamente y recluyó a personas que protestaban. Algunas sufrieron malos tratos mientras estaban bajo custodia o fueron condenadas a prisión en juicios sin garantías. Las más de las veces, no se llevaron a cabo investigaciones para identificar a los integrantes de las fuerzas de seguridad responsables de las violaciones de derechos humanos cometidas mientras respondían a las protestas.
Privación
Millones de personas en toda la región continuaron sin poder satisfacer sus necesidades básicas a pesar del crecimiento económico sostenido que se había registrado enmuchos países de África durante los años anteriores. Para ganarse el sustento diario, la población debía hacer frente a ingentes desafíos agravados, en muchos casos, por la marginación o la represión política amanos de quienes intentaban acallar su voz y dejarla indefensa.
A pesar de esta represión, en numerosos países, como Benín, Burkina Faso, Camerún, Costa de Marfil, Malí, Mozambique, la República de Guinea, Senegal, Somalia y Zimbabue, la gente salió a la calle paramanifestarse contra la grave situación social y económica y el brusco aumento del costo de la vida. La respuesta habitual a las manifestaciones, a veces violentas en símismas, fue aúnmás violencia por parte del Estado. A finales de febrero, las fuerzas de seguridad de Camerún mataron a hasta 100 personas al responder a las protestas violentas en varias ciudades contra el continuo aumento del costo de la vida y los bajos salarios. Al parecer, algunas víctimas murieron por disparos en la cabeza efectuados a corta distancia. En Mozambique, la policía mató a 3 personas y causó heridas a otras 30 en febrero al utilizar fuego real contra personas que protestaban por el aumento de las tarifas del transporte.
En Malí se organizaron marchas contra la subida del precio de productos básicos y contra los planes de privatizar el abastecimiento de agua en Lere, en el noroeste del país. En noviembre resultaron heridas almenos seis personas, una de las cualesmuriómás tarde en un hospital, cuando las fuerzas de seguridad dispararon contra los manifestantes. En Burkina Faso, las fuerzas de seguridad detuvieron a varios centenares de personas después de que las manifestaciones contra el alza del costo de la vida degenerasen en violencia en Uagadugú y Bobo-Diulasso. Almenos 80 detenidos fueron condenados a prisión sin haber tenido acceso a un abogado.
En Zimbabue, cientos de activistas que protestaban contra el espectacular declive de la economía y las infraestructuras sociales fueron detenidos y recluidos sin cargos. La policía disolvió muchas protestas, amenudo usando fuerza excesiva. El gobierno siguió manipulando pormotivos políticos el acceso a los alimentos, aun cuando al terminar el año la ONU calculaba que unos 5 millones de personas necesitaban ayuda alimentaria. Miles de personas, la mayoría en zonas rurales, se vieron obligadas a desplazarse como consecuencia de la violencia política patrocinada por el Estado y no tenían ya acceso a sus reservas de alimentos, tierras y otras formas de sustento.
Miles de personas seguían migrando a otros países con la esperanza demejorar la vida de su familia. Muchas, desesperadas, se hicieron a lamar, poniendo sus vidas enmanos de traficantes despiadados. Cientos de personas que salieron del Cuerno de África a través del golfo de Adén, en un intento de llegar a Yemen, murieron durante la travesía. En Mauritania, cientos demigrantes, que al parecer pretendían llegar a Europa, fueron detenidos arbitrariamente y recluidos en el país. Muchos estuvieron recluidos en condiciones inhumanas y sufrieronmalos tratos antes de ser expulsados, con frecuencia no a sus países de origen y sin poder impugnar la decisión de expulsión.
La rápida urbanización y la pobreza reinante en muchos países africanos hacían quemuchas personas se encontrasen sin una vivienda adecuada, y amenudo vivían en poblados de infraviviendas. Corrían el riesgo de ser desalojadas por la fuerza por las autoridades, y en los poblados de infraviviendas con frecuencia no tenían acceso a instalaciones básicas, como agua y servicios sanitarios. En Lagos, Nigeria, numerosas personas fueron desalojadas por la fuerza, sin el proceso debido, y después no recibieron indemnización ni vivienda alternativa. En Chad, un decreto presidencial, dictado durante el estado de excepción a principios de 2008, ordenó la demolición de miles de viviendas en Yamena, ya que las autoridades consideraban que habían sido construidas sin autorización en terrenos oficiales. Decenas demiles de personas se quedaron sin hogar y tuvieron que buscar alojamiento alternativo. En Kenia, cientos de familias que vivían cerca del río Nairobi se enfrentaban a la amenaza de desalojo forzoso tras anunciar el gobierno que las personas que vivían en asentamientos informales cerca del río debían abandonar esas zonas.
« Nos ha tocado un doble infortunio. Primero tuvimos que huir porque nuestra ciudad fue atacada. Ahora no tenemos a dónde regresar porque el gobierno ha destruido nuestras casas. ¿Terminará este infortunio alguna vez?» - Refugiado de Chad, campo de refugiados de Maltem (Camerún), mayo de 2008
Las condiciones de reclusión en muchos países seguían estando muy por debajo de los criterios internacionales, a menudo muy vinculadas con el hacinamiento. Como siempre, los presos de familias pobres eran los más afectados, ya que a menudo carecían de recursos para satisfacer sus necesidades básicasmientras estaban privados de libertad.
Inseguridad
Los conflictos armados y la inseguridad en varios países africanos obligaron a cientos de miles de personas a huir de sus hogares, en un intento de encontrar protección internacional al otro lado de las fronteras o alguna forma de seguridad en su propio país. En algunos de los conflictos armados más graves que seguían afectando al continente, las fuerzas armadas y los grupos armados ignoraban por completo la dignidad y la integridad física de la población. La población civil era objeto de los ataques habituales de las partes en el conflicto; la violación y otras formas de violencia sexual seguían siendo práctica generalizada; continuaba el reclutamiento frecuente de niños y niñas para tomar parte en las hostilidades; y el personal de ayuda humanitaria era blanco de ataques. Los responsables de delitos de derecho internacional cometidos en el contexto de estos conflictos armados rara vez rendían cuentas.
El papel de las misiones de mantenimiento de la paz de la ONU y regionales en África aumentó durante 2008, pero no causó un impacto significativo en lo relativo a proteger a la población civil. Esto se debió en parte, pero no en su totalidad, a la insuficiencia de recursos. La ONU y los organismos regionales, como la Unión Africana, hicieron escasos avances en la resolución de los conflictos armados en Sudán (Darfur), Chad, Somalia y la República Democrática del Congo (Kivu Septentrional).
La proliferación de armas pequeñas seguía siendo un importante factor coadyuvante en la continuidad de los conflictos armados y de los abusos generalizados contra los derechos humanos. Los embargos de armas decretados por la ONU no habían sido eficaces.
La comunidad internacional movilizó recursos sin precedentes para combatir la piratería frente a las costas de Somalia y proteger sus intereses comerciales. Sin embargo, no hizo ningún esfuerzo semejante para poner fin al flujo de armas a Somalia, a pesar del embargo de la ONU. Tampoco actuó con eficacia para detener las violaciones generalizadas del derecho internacional humanitario cometidas por todas las partes en el conflicto; ni hizo rendir cuentas a los responsables de delitos de derecho internacional.
Cientos demiles de personas se habían convertido en nuevos desplazados como consecuencia del conflicto en Somalia. Los combates en la capital del país, Mogadiscio, y sus alrededores habían causado 16.000 muertos y un número no documentado de heridos entre la población civil desde enero de 2007. El Gobierno Federal de Transición no pudo imponer su autoridad en toda la zona centralmeridional de Somalia y perdió terreno ante los grupos armados de oposición. Las organizaciones humanitarias sólo tenían un acceso limitado para prestar ayuda de emergencia a los aproximadamente 3,2 millones de personas que la necesitaban. El personal de ayuda humanitaria, así como periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos, eran atacados amenudo pormotivos políticos y delictivos.
El conflicto armado en el este de la República Democrática del Congo se intensificó de nuevo durante el segundo semestre de 2008. Todas las partes en el conflicto cometieron numerosos abusos contra los derechos humanos, como homicidios y secuestros de civiles, violación y otras formas de violencia sexual y reclutamiento y uso de niñas y niños como combatientes armados. Cientos demiles de personas huyeron de los combates.
El conflicto armado en Darfur se intensificó a lo largo del año sin que se atisbara una resolución política. Continuaron los ataques contra civiles, así como la violación, el saqueo y la destrucción de poblados. Millones de personas seguían estando internamente desplazadas y las organizaciones humanitarias amenudo no tenían acceso a las personas necesitadas debido a la inseguridad general y a los ataques contra los convoyes humanitarios. En consecuencia, miles de personas seguían estando fuera del alcance de la ayuda de emergencia. La gente carecía de protección frente a la violencia, incluso en los emplazamientos para personas internamente desplazadas. A título de ejemplo, en agosto las autoridades rodearon el campo de Kalma, en Darfur Meridional, abrieron fuego y, según los informes, bombardearon el campo,matando a 47 personas.
En mayo, el grupo armado de oposición Movimiento Justicia e Igualdad lanzó un ataque contra Omdurmán, a las afueras de la capital sudanesa, Jartum. Después del ataque, las autoridades sudanesas persiguieron a las personas a las que consideraban originarias de Darfur. Cientos de personas fueron detenidas arbitrariamente y recluidas, y muchas fueron torturadas o sufrieron otras formas de malos tratos. También se recibieron informes de ejecuciones extrajudiciales.
También estallaron combates en Abyei, Sudán del Sur, entre las Fuerzas Armadas de Sudán y efectivos del Movimiento de Liberación Popular de Sudán, que causaron la destrucción de la ciudad, el desplazamiento de 50.000 personas y tensiones adicionales para el Acuerdo General de Paz entre Sudán del Norte y Sudán del Sur.
Las tensiones entre Chad y Sudán aumentaron de nuevo en 2008, sobre todo tras un ataque lanzado a principios de febrero por grupos armados de oposición chadianos contra la capital de Chad, Yamena. Después de dos días de intensos combates, las fuerzas gubernamentales chadianas repelieron el ataque. Más tarde, el gobierno declaró el estado de excepción y detuvo a varios miembros de la oposición, uno de los cuales se convirtió en víctima de desaparición forzada. También se recibieron informes de ejecuciones extrajudiciales inmediatamente después del ataque. Se calcula que unas 50.000 personas huyeron de la violencia en Yamena y buscaron refugio en el vecino Camerún.
Decenas de miles de personas que huyeron de ataques xenófobos en Sudáfrica en mayo pasaron a depender también de la ayuda humanitaria, ya que tuvieron que abandonar sus hogares y perdieron todas sus posesiones. Más de 60 personas murieron y más de 600 resultaron heridas tras ser golpeadas, agredidas sexualmente y asesinadas en varias provincias, a menudo por personas que vivían en la misma comunidad. Estos ataques xenófobos contra las personas, escogidas por su presunta nacionalidad, etnia o condición de migrantes, fueron alimentados en parte por la privación en la que seguían viviendo muchos sudafricanos. Las investigaciones oficiales no desembocaron en el procesamiento de los responsables ni aclararon las causas de la violencia.
« Estaba en casa, cuando entró un joven soldado de las FARDC [...] Luego me violó. [...] Más tarde me dijeron que lo habían azotado para castigarlo, pero sigue en el campamento y lo veo con regularidad. Cuando lo veo, intenta reírse de mí. Me da miedo. Estoy muy angustiada y deprimida. Me gustaría presentar cargos, pero ¿qué le voy a hacer yo a un soldado?» - Vénantie, de 56 años, campesina viuda en un pueblo del territorio de Beni, a quien violaron el 25 de enero de 2008.
Exclusión
En las sociedades africanas, muchos grupos seguían haciendo frente a la discriminación y a la exclusión de la protección o de los medios para obtener resarcimiento por los abusos que habían sufrido. En Uganda, por ejemplo, las víctimas de numerosos abusos contra los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado en el norte del país seguían estando en la indigencia y traumatizadas, excluidas a menudo de cualquier medio de resarcimiento.
En toda África, las personas sufrían discriminación en el seno de sus familias y comunidades debido a su género o su condición serológica, agravada por su pobreza. En Sudáfrica, por ejemplo, donde 5,7millones de personas vivían con el VIH, las mujeres pobres de zonas rurales seguían encontrando barreras para acceder a los servicios de salud para el VIH y el sida debido a las insalvables distancias que debían recorrer hasta las instalaciones de salud y al costo del transporte. El estigma y la discriminación por motivos de género, incluida la violencia, también afectaban a la capacidad de las mujeres para protegerse de la infección por VIH y buscar atención de la salud y apoyo.
Las mujeres también sufrían discriminación en varias sociedades debido a leyes consuetudinarias y prácticas tradicionales. Las leyes consuetudinarias de ciertos grupos étnicos de Namibia, por ejemplo, y en concreto las leyes relativas almatrimonio y la herencia, discriminaban a las mujeres y las niñas.
En varios países, y en concreto Tanzania, se asesinaba a personas albinas en lo que se creía eran homicidios rituales. El gobierno de Tanzania denunció los homicidios, pero nadie fue procesado en relación con estos hechos durante 2008, aunque se detuvo a algunas personas.
Se perseguía a personas por su (presunta) orientación sexual en países como Camerún, Gambia, Nigeria, Ruanda, Senegal y Uganda. En varios países, las relaciones sexuales entre personas delmismo sexo eran delito.
En Nigeria, por ejemplo, las personas pobres debían hacer frente a numerosos obstáculos para obtener un juicio con garantías dentro de un plazo aceptable. Aunque se habían hecho algunos esfuerzos para ofrecer asistencia letrada gratuita, no eran ni con mucho suficientes para permitir la representación letrada de todas las personas que la necesitaban pero no podían permitirse pagar un abogado, ni siquiera en casos en los que se podía imponer la pena demuerte. Todas las personas que, en número superior a 700, vivían en espera de ejecución en Nigeria en 2008 tenían una cosa en común: eran pobres. Sin embargo, en una decisión histórica, la Corte de Justicia de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO) ordenó al gobierno de Níger el pago de una indemnización a una mujer que había estado retenida en situación de esclavitud doméstica y sexual durante un decenio, sobre la base de que las autoridades no habían aplicado leyes en vigor contra la esclavitud.
Voces desoídas y silenciadas
Los gobiernos seguían restringiendo, sin justificación, el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. Si embargo, las iniciativas de los gobiernos para controlar la información también eran contrarrestadas por unas sociedades civiles cada vezmás dinámicas, que en muchos casos trabajaban en asociación mutua, y por unos medios de comunicación independientes más fuertes.
En numerosos países, como Angola, Camerún, Chad, Gambia, Guinea Ecuatorial, Níger, Nigeria, Senegal, Sudán, Tanzania y Togo, medios de comunicación fueron suspendidos porque las autoridades desaprobaban sus informaciones. Se detenía rutinariamente a periodistas y a veces se los acusaba formalmente de la comisión de delitos, por el solo hecho de llevar a cabo su trabajo.
Se detuvo arbitrariamente y encarceló a opositores políticos del gobierno en Burkina Faso, Burundi, Camerún, Chad, Etiopía, Gambia, Guinea Ecuatorial,Mauritania, la República del Congo, Suazilandia y Zimbabue. En algunos casos,miembros de la oposición política fueron objeto de desaparición forzada o de homicidios ilegítimos. En otros países, el espacio para la oposición política, la libertad de expresión y la sociedad civil no existía, como en Eritrea.
Los defensores y las defensoras de los derechos humanos continuaban en situación de riesgo en varios países; a menudo sufrían hostigamiento y en ocasiones eran detenidos por defender sus derechos y los derechos de los demás. Periodistas y activistas de los derechos humanos tuvieron que huir amenudo de su país debido a riesgos para su seguridad.
En Zimbabue se detuvo a numerosos activistas de los derechos humanos, representantes sindicales y miembros de la oposición política. Algunos fueron secuestrados y asesinados por las fuerzas de seguridad gubernamentales o por agentes no estatales que trabajaban en nombre de las autoridades. En Camerún, Chad, la República Centroafricana y Sudán también se detuvo a defensores y defensoras de los derechos humanos. En algunos casos, las personas detenidas fueron torturadas o se les infligieron otras formas de malos tratos. En algunos países, las autoridades clausuraron organizaciones de la sociedad civil o las amenazaron con cerrarlas.
Rendición de cuentas
Las violaciones generalizadas de los derechos humanos continuarán en toda la región amenos que los gobiernos aborden demanera seria la cuestión de la impunidad. Por el momento, quienes cometen abusos contra los derechos de los demás pueden seguir haciéndolo libremente. De vez en cuando, después de violaciones de derechos humanos en gran escala, se constituyen comisiones de investigación u otros tipos de comités de indagación, pero enmuchos casos su cometido esmás aplacar a la opinión pública que establecer la verdad e identificar a los responsables.
«Quiero que me compensen por las lesiones. Quiero hablar con mis agresores y que me digan la verdad de por qué me olpearon. También quiero que comparezcan ante la justicia.» - Lyn, mujer de 86 años, víctima de la violencia de motivación política, agosto de 2008.
Lamentablemente, los gobiernos utilizan amenudo las comisiones de investigación, o de la verdad y la reconciliación, como sucedáneos de las investigaciones judiciales, que son esenciales para establecer las responsabilidades penales individuales.
La Corte Penal Internacional (CPI) continuó tramitando algunos casos de África. La solicitud por el fiscal de la Corte de dictar una orden de detención contra el presidente de Sudán, Omar al Bashir, por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio dieron origen a iniciativas paramenoscabar el trabajo de la Corte por parte de varios Estados y organismos regionales, incluida la Unión Africana (UA). La UA, la Liga de los Estados Árabes y la Organización de la Conferencia Islámica pidieron al Consejo de Seguridad de la ONU que aplazara el caso. A iniciativa de Ruanda, la UA adoptó una decisión en la que se criticaba lo que se calificaba de abuso de la jurisdicción universal.
Aunque la CPI continuó tramitando algunos casos de África, sólo podía procesar a un número limitado de individuos. Es esencial que las jurisdicciones nacionales también investiguen y procesen a los sospechosos de responsabilidad en delitos de derecho internacional, incluso ejerciendo la jurisdicción universal. Lamentablemente, Senegal sólo había hecho avances limitados en el caso del ex presidente chadiano Hissène Habré, lo que indicaba falta de voluntad política para abrir investigaciones serias.
En un aspectomás positivo, la UA adoptó en julio el Protocolo sobre el Estatuto de la Corte Africana de Justicia y Derechos Humanos. Cuando entre en funcionamiento, la Corte podría contribuir a poner fin a la impunidad en África si los Estados miembros de la UA acuerdan permitir que las víctimas de violaciones de derechos humanos se dirijan directamente a la Corte para buscar un
recurso efectivo.
«Si hasta un hombre bajo puede ver el cielo, ¿cuándo verá la comunidad internacional lo que está ocurriendo en Somalia?» - Abdullahi Alas Jumale, defensor somalí de los derechos humanos, actualmente en el exilio, julio de 2008.
Conclusión
Sigue habiendo una enorme brecha entre la retórica de los gobiernos africanos, que afirman proteger y respetar los derechos humanos, y la realidad cotidiana, en la que las violaciones de derechos humanos siguen siendo la norma.
En 2008, africanos y africanas privados de sus derechos salieron a la calle. En muchos casos las protestas degeneraron en violencia, con el resentimiento alimentado por las actitudes represivas de los gobiernos hacia la disidencia y la protesta. Es probable que estas protestas continúen. Son tantas las personas que viven en la más absoluta indigencia, y tan pocas las que tienen alguna oportunidad de liberarse de la pobreza. Su terrible situación se ve agravada por el hecho de que los gobiernos de la región no proporcionan servicios sociales básicos, no garantizan el respeto del Estado de derecho, no abordan la corrupción ni rinden cuentas ante su pueblo. Cuando las perspectivas de la economía mundial parecen cada díamás pesimistas, la esperanza reside en que las sociedades civiles de todo el continente mantengan su vitalidad y en la determinación de los defensores y defensoras de los derechos humanos dispuestos a desafiar intereses arraigados a pesar de los riesgos que corren.
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