Las mujeres de Brasil, ‘víctimas ocultas’ de la violencia, pero también agentes del cambio

17 oct 2011

Valdenia Paulino, que fue acogida en el programa de protección de defensores de AI-España, considera los derechos humanos "el punto de partida para superar la pobreza".

Favela Rocinha en Río de Janeiro, es la mayor favela de América Latina. En la foto un miembro de ADA (amigos de amigos), sostiene una subametralladora Uzi. Febrero de 2009. © Christian Franz Tragni/Demotix

La abogada brasileña es bien conocida en nuestro país, adonde llegó acogida en el programa de protección de defensores y defensoras de derechos humanos de AI-España. Tras ayudar a crear en 1999 el Centro de Derechos Humanos de Sapopemba –barrio periférico de Sao Paulo que concentra más de 30 favelas–, su compromiso con los derechos humanos la llevó a investigar y documentar las denuncias contra la policía sobre torturas, malos tratos, ejecuciones extrajudiciales, extorsiones y corrupción. Se convirtió en portavoz del Movimiento Nacional de Derechos Humanos en su comunidad…, y en personaje incómodo, no solo para la policía, sino también para narcotraficantes y escuadrones paramilitares.Las amenazas se encadenaron (Amnistía lanzó una acción urgente para protegerla ya en mayo de 2000), y se intensificaron cuando en 2007 asumió la defensa de una mujer golpeada y agredida sexualmente por agentes durante su detención. Fuentes policiales llegaron a incluirla en una lista de beneficiarios de narcotraficantes para desacreditarla. No lo consiguieron, pero al final tuvo que dejar por un tiempo Brasil, adonde regresó en 2008 tras su ‘intermedio hispano’ para seguir su lucha en el Centro de Derechos Humanos Óscar Romero en el Estado de Paraíba. La última vez que pasó por Madrid fue justo para presentar la campaña de AI-España para este 50º aniversario que se celebra en 2011.

Marcha de mujeres en São Paulo organizada por Sou da Paz, movilizó a más de 30.000 participantes. © Sou da Paz 2005

El caso de Valdenia Paulino resume bien el doble perfil de los derechos humanos de las mujeres brasileñas, y en particular de las que viven en comunidades excluidas. Por una parte, ellas son las “víctimas ocultas de la violencia criminal y policial”, como remarcaba el investigador sobre Brasil de AI Tim Cahill a propósito del informe de 2008 “Nosotras recogemos los platos rotos“. Por otra, un movimiento de mujeres dinámico y plural se ha situado “al frente de la lucha por la justicia, contra la discriminación y por la promoción y protección de los derechos humanos”,  y está consiguiendo importantes logros políticos y sociales.

De fondo hay una ‘asignatura femenina’ pendiente, porque las mujeres de las comunidades marginadas son las grandes olvidadas en los debates sobre la violencia. Dado que la “inmensa mayoría de víctimas y perpetradores” son hombres jóvenes, señalaba Amnistía en 2008, “el efecto de la violencia masculina en las vidas de las mujeres prácticamente se ha pasado por alto”, y justifica la frase de las adolescentes de una barriada visitada por AI: “La policía solo viene a recoger a los muertos”.

“En vez de brindarles protección”, denunciaba Tim Cahill, “la policía suele someter a las mujeres a cacheos ilegales, que realizan agentes varones, así como a un lenguaje insultante y discriminatorio y a intimidaciones”. Y cuando no hay policía –en muchas barriadas pobres “los señores de la droga y los jefes de las bandas son la ley”–, su situación tampoco es mejor. Los ‘sustitutos’ del Estado ausente “dispensan castigos y protección y utilizan a las mujeres como trofeos o como objetos de intercambio en sus negociaciones”, además de como “camellos” o como señuelos de las bandas. Al final, protestaba AI, tanto delincuentes como agentes corruptos las tratan casi como objetos de usar y tirar, y ha habido casos de mujeres con la cabeza afeitada por haber sido infieles u obligadas a brindar favores sexuales para pagar deudas. Y cada vez son más en las superpobladas prisiones brasileñas, donde se cierra el círculo de los abusos físicos, psicológicos y sexuales.

Amnistía Internacional en el Foro Social Mundial 2009. © AI

Pero lo peor es que los efectos de la violencia castigan a la comunidad entera al impedir o recortar la prestación de servicios básicos como asistencia sanitaria o educación. El reparto territorial entre bandas ‘aleja’ las clínicas para muchas mujeres, que deben recorrer kilómetros hasta la consulta médica. Operaciones policiales y violencia delictiva ‘clausuran’ durante mucho tiempo maternidades, guarderías, escuelas, y otras veces son los profesionales de la salud y la enseñanza quienes se resisten a trabajar en esas barriadas.

Pero incluso en esas condiciones tan adversas, remarca Amnistía, el movimiento de mujeres ha conseguido “impacto en la política del gobierno federal” durante los mandatos de Lula da Silva. Y prueba de ello son normas como la Ley ‘María da Penha’ de 2007 –la primera que afronta con seriedad el problema de la violencia de género–, la creación de un Ministerio de la Mujer o la aprobación de un todavía titubeante Programa Nacional de Seguridad Pública y Ciudadanía. Este Plan Pronasci pretende encarar “las necesidades conjuntas, tanto sociales como en materia de seguridad”, de once núcleos urbanos donde la delincuencia y la inseguridad alcanzan niveles extremos, aunque a su propósito integral aún le falta profundizar en cuestiones de raza y de género.
Fuente: blog.es.amnesty.org