2 marzo 2011
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Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades egipcias que pongan en libertad a un hombre condenado el martes por un tribunal militar a cinco años de prisión, aparentemente por ejercer su derecho a protestar pacíficamente.
El Tribunal Supremo Militar declaró a Amr Abdallah Al Beheiry culpable de agresión a un funcionario público en acto de servicio y de violación del toque de queda.
Según informes, la madrugada del sábado 26 de febrero, Amr Abdallah Al Beheiry, su primo y otros manifestantes fueron golpeados con palos y después detenidos cuando la policía militar y el ejército empleó una fuerza excesiva para dispersar una protesta frente al Parlamento egipcio, en El Cairo. Los informes indican que algunos manifestantes fueron también golpeados con porras eléctricas.
Aunque inicialmente la policía militar le puso en libertad, Amr Abdallah Al Beheiry fue detenido de nuevo poco después, aparentemente porque otros manifestantes habían filmado sus lesiones.
Mientras estaba bajo custodia, Amr Abdallah Al Beheiry y su primo fueron presuntamente golpeados y torturados con descargas eléctricas.
Su primo y los demás manifestantes salieron en libertad el mismo sábado por la mañana.
“La condena impuesta a Amr Abdallah Al Beheiry debe ser anulada y Amr Abdallah Al Beheiry debe ser excarcelado si su detención se debió sólo a sus protestas pacíficas. Las autoridades egipcias no pueden decir que están promoviendo la reforma si al mismo tiempo juzgan a manifestantes pacíficos ante tribunales militares”, ha declarado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional se opone a los juicios de civiles ante tribunales militares, conocidos por incumplir las normas internacionales de imparcialidad procesal.
Amr Abdallah Al Beheiry podrá recurrir contra su condena ante el Tribunal Supremo Militar de Apelación.
La represión contra los manifestantes congregados en la plaza de Tahrir y frente al Parlamento, que pedían la dimisión del actual gobierno, continúo durante todo el sábado por la mañana.
Se practicaron más detenciones de manifestantes, que fueron llevados a las instalaciones de la policía militar situadas detrás del museo egipcio de la plaza de Tahrir, donde Amnistía Internacional ha documentado malos tratos a detenidos con anterioridad.
Según informes, hacia las 8 de la mañana del sábado, un alto mando de la policía militar se disculpó ante los manifestantes por lo ocurrido y dijo que los detenidos serían puestos en libertad.
Posteriormente, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas declaró que aunque las fuerzas de seguridad iban a dispersar la protesta, no tenían intención de enfrentarse con los manifestantes.
“El uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes el sábado no tiene justificación. Una disculpa no puede sustituir una investigación. El uso de porras eléctricas y las denuncias de tortura u otros malos tratos deben investigarse de forma exhaustiva e imparcial, y las personas responsables deben comparecer ante la justicia”, afirmó Hassiba Hadj Sahraoui.
Sigue habiendo un gran grupo de manifestantes en la plaza de Tahrir, tras las recientes protestas generalizadas a favor de la reforma política.
Según el Frente Egipcio para la Defensa de los Manifestantes de Egipto, los tribunales militares han juzgado y condenado a cientos de civiles, en su mayoría acusados de violar el toque de queda y de representar una amenaza para la seguridad.
Amnistía Internacional ha recibido asimismo información sobre Maaty Ahmed Hamed Abu Arab, detenido el 3 de febrero en la plaza de Tahrir cuando se dirigía a comprar comida. Un tribunal militar le ha condenado a cinco años de prisión por violación del toque de queda y posesión de un arma. Actualmente está, junto con muchas otras personas, en la prisión de Al Wadi Al Gadid, en el remoto desierto occidental.
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