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| Una refugiada colombiana (derecha) es atendida en un hospital público de Río de Janeiro. El acceso de los refugiados a los servicios públicos es uno de los asuntos contemplados en la ley brasileña sobre asilo en este país. |
SÃO PAULO, Brasil, 28 de octubre (ACNUR) - La opinión de los expertos es unánime: Brasil dispone de una avanzada ley de asilo que es tomada como modelo por muchos países. Sin embargo, esto no impide que el poder judicial brasileño tenga un papel cada vez mayor en el debate sobre la concesión del estatuto de refugiado y la protección de los derechos de estas personas en el país.
La cuestión de la judicialización del asilo ha sido discutida la semana pasada en el simposio “Derecho Internacional de los Refugiados en Brasil. Aspectos jurídicos y prácticos de la Ley brasileña 9.474/97 en el Estado de São Paulo”. Los organizadores del encuentro en la capital paulista eran la Comisión Municipal de Derechos Humanos (CMDH), la Fiscalía Regional de la República (PRR en sus siglas en portugués) y la Secretaría de Justicia y Defensa de la Ciudadanía (SJDC). El evento contó con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y de Cáritas Arquidiocesana de São Paulo.
La entidad responsable del proceso administrativo consistente en el análisis de las solicitudes y el reconocimiento del estatuto de refugiado en Brasil es el Comité Nacional para los Refugiados (CONARE), dependiente del Ministerio de Justicia. En este comité especializado participan el Gobierno Federal, representado por cinco ministerios y el Departamento de Policía Federal; el ACNUR y la sociedad civil, representada por Cáritas Arquidiocesana de São Paulo y de Río de Janeiro y por el Instituto de Migraciones y Derechos Humanos (IMDH).
Según el coordinador general del CONARE, Renato Zerbini Leão, la legislación brasileña es una piedra angular de la protección internacional y Brasil está a la vanguardia. “Con 13 años de existencia, nuestra ley se diferencia por la evaluación tripartita de los trámites, en la que participan diversos sectores implicados en la cuestión, lo que garantiza la legitimidad del proceso”, declaró Zerbini. “Podemos afinarla con algunos ajustes, pero la judicialización del asilo siempre se mantendrá”, añadió el coordinador general de la CONARE.
Todavía hay muy pocos casos que llegan al Supremo Tribunal Federal, pero la entrada de la judicatura en el estudio del reconocimiento del estatus de refugiado está conllevando cambios significativos en el sistema de protección. En opinión de la abogada Liliana Jubilut, doctora en Derecho Internacional por la Universidad de São Paulo (USP) y autora del libro O Direito Internacional dos Refugiados, la implicación del poder judicial es positiva si el Supremo Tribunal Federal o el Superior Tribunal de Justicia velan por el cumplimiento de la Ley 9.474/97. “Es necesario establecer parámetros de intervención de los organismos, ya que, más que con la legislación, estamos trabajando con personas y se necesitan patrones de actuación para que Brasil siga avanzando en la salvaguardia de los derechos de los refugiados”, dice Liliana Jubilut.
Según el portavoz del ACNUR en Brasil, Luiz Fernando Godinho, el CONARE es el foro adecuado para determinar el asilo, dada la naturaleza de su composición y la información a disposición de sus participantes. Con todo, la participación del poder judicial aporta una nueva dimensión al tema planteando nuevas cuestiones, ya que este no se limita a la protección jurídica. “Por ejemplo, ACNUR considera que la participación de otros órganos puede dar lugar a debates sobre la inclusión de los refugiados en las políticas públicas, lo cual es muy positivo”.
El caso de algunos adultos mayores palestinos reasentados a Brasil demuestra la importancia del poder judicial en cuestiones prácticas de la vida de los refugiados. El Fiscal Regional de los Derechos de los Ciudadanos en el Estado de São Paulo, Jefferson Dias, asistió al encuentro y puso de relieve las contradicciones en las diferentes leyes que regulan la concesión de las prestaciones sociales a los extranjeros. Para él, los adultos mayores palestinos, en tanto que refugiados, tienen derecho a la asistencia social como cualquier ciudadano. La Fiscalía está siguiendo el caso, analizado por el Supremo Tribunal Federal, y tiene la intención de presentar una acción civil para asegurarle a este grupo de refugiados el acceso al Beneficio de Prestación Continuada (BPC).
El Secretario de Vivienda del Municipio de Guarulhos (São Paulo) y coordinador del Centro de Defensa de los Derechos Humanos (ONG que ejecuta el programa de reasentamiento de refugiados en el interior de São Paulo), Orlando Fantazzini, amplía el debate a la cuestión del acceso a la vivienda. “Hoy en día, a los refugiados les resulta muy difícil comprar una casa. La judicialización también abre la posibilidad de valorar de nuevo esta cuestión, más práctica y no contemplada por la ley. Debemos replantearnos la posibilidad de una financiación hipotecaria a través de programas de crédito popular”, dice Fantazzini.
Actualmente, Brasil acoge a 4.305 refugiados, 3.908 de ellos espontáneos (que solicitaron asilo a su llegada al país) y 397 ya reconocidos como refugiados en otros países e invitados a Brasil en el marco de un programa internacional de reasentamiento. Entre las 75 nacionalidades representadas, la mayoría de los refugiados proceden de Angola, Colombia, República Democrática del Congo, Liberia e Irak. Además de la gran variedad de orígenes, una característica importante es que el 100% de los refugiados que viven en Brasil son urbanos. Esta ruptura con la clásica imagen de los extensos campos de refugiados ilustra las nuevas necesidades y expectativas de integración en el país de acogida.
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