Agentes de la policía empleando gas lacrimógeno contra los manifestantes, Bagua, 5 de junio de 2009.
© Thomas Quirynen
Manifestante indígena detenido por la policía, Bagua, 5 de junio de 2009.
© Thomas Quirynen
1 diciembre 2009
Las autoridades peruanas deben llevar a cabo investigaciones justas e imparciales sobre todos los homicidios perpetrados durante los actos de violencia ocurridos en junio, al bloquear una carretera personas indígenas de la Amazonía, según afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe.
La organización solicitó investigaciones completas sobre los homicidios de 10 indígenas y residentes de la zona, además de las investigaciones ya en curso sobre los homicidios de 23 agentes de policía durante los hechos.
Al menos 200 personas resultaron heridas también el 5 de junio cuando la policía intervino para poner fin a una protesta pacífica en una carretera próxima a Bagua, en el norte de Perú, donde miles de personas se manifestaban por el uso de la tierra y los recursos.
“Deben adoptarse medidas para llevar ante la justicia a todos los presuntos autores de estos abusos graves y proporcionar reparación a todas las víctimas”, afirmó Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa Regional de Amnistía Internacional para América.
Miles de indígenas llevaban más de 50 días bloqueando pacíficamente la carretera en señal de protesta por una nueva legislación que, según afirman, representa una amenaza para su subsistencia.
El informe revela que, mientras que se ha detenido y acusado a manifestantes en relación con los homicidios de agentes, ninguno de los presuntos implicados en las muertes y lesiones de manifestantes ha sido acusado hasta ahora.
Además, los dirigentes indígenas han sufrido intimidación y hostigamiento por parte de las autoridades.
“Los actos de hostigamiento e intimidación contra dirigentes indígenas tienen que acabar, y se ha de garantizar el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento previo, libre e informado sobre cualquier decisión que pueda afectar a su derecho a la tierra y los recursos”, afirmó Guadalupe Marengo.
En el curso de su investigación, Amnistía Internacional habló con testigos y familiares de las víctimas de homicidio, quienes revelaron nuevos datos sobre el estallido de la violencia.
Entre otras personas entrevistadas por Amnistía Internacional estaba Violeta Piitug Wampush, viuda de Felipe Sabio César Sánchez, dirigente de la pequeña comunidad indígena de Wawás y periodista de una emisora de radio local.
Fue abatido a disparos cuando salía del hospital de Bagua, al que había acudido para informar sobre los indígenas muertos y heridos ese día.
“Del mismo modo que reconocen a los agentes de policía [muertos el 5 de junio] como servidores públicos, deben reconocer también a mi esposo [...] caído en defensa del territorio de la Amazonía”, dijo a Amnistía Internacional.
De los 23 agentes de policía, 11 fueron víctimas de homicidio cuando estaban en manos de los manifestantes indígenas como rehenes, y un agente continúa en paradero desconocido.
Flor de María Vásquez, esposa del comandante Miguel Antón Montenegro Castillo, uno de los agentes muertos el 5 de junio, sigue esperando a que le respondan por qué la policía no envió refuerzos en su ayuda.
“Era una situación que podía haberse evitado de antemano; podían haberlos rescatado; podían haberles salvado la vida. ¿Por qué no acudieron? Eso es lo que todavía no nos han explicado”, dijo Flor de María a Amnistía Internacional.
Información complementaria
En julio de 2009, Amnistía Internacional visitó las localidades de Bagua y Bagua Grande y a algunas de las comunidades indígenas que participaron en el bloqueo de carretera y las protestas.
Amnistía Internacional entrevistó a familiares de las víctimas mortales, incluidos familiares de los agentes muertos, así como a manifestantes, detenidos, testigos presenciales y líderes comunitarios e indígenas.
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Perú: Bagua, seis meses después.pdf | 2.83 MB |
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