España

Seguían siendo frecuentes los informes de tortura y otros malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Continuó utilizándose la detención en régimen de incomunicación. El grupo armado vascoEuskadi Ta Askatasuna (ETA) prosiguió con su campaña de violencia y reivindicó la autoría de cuatro homicidios. Los esfuerzos de las autoridades para controlar la migración, en colaboración con la Unión Europea (UE) y algunos países africanos, pusieron en peligro los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo. Se abrió y posteriormente se cerró una investigación judicial sobre las desapariciones forzadas ocurridas durante la Guerra Civil de 1936-1939 y la dictadura de Franco. El 12 de diciembre, el gobierno adoptó su plan de acción nacional en materia de derechos humanos.
Tortura y otros malos tratos
Se recibieron numerosos informes de tortura y otros malos tratos atribuidos a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. En abril, el Tribunal Constitucional reiteró la necesidad de llevar a cabo investigaciones efectivas y exhaustivas sobre todas esas denuncias. El relator especial de la ONU sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo expresó su preocupación ante la persistencia de las denuncias de tortura y otros malos tratos, unas denuncias que no daban lugar sistemáticamente a investigaciones independientes, prontas y exhaustivas. Algunas autoridades políticas y judiciales seguían afirmando que las denuncias de malos tratos a detenidos acusados de delitos de terrorismo formaban parte de una estrategia para desacreditar al Estado.
"Continuaron denunciándose...casos de tortura y otros malos tratos con un componente racista a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley."
Continuó la investigación judicial sobre la muerte de Osamuyia Akpitaye, ciudadano nigeriano fallecido en 2007 durante su intento de expulsión de España. La jueza de instrucción había acusado a los agentes de policía implicados de «falta leve». Sin embargo, tras el recurso presentado por la fiscalía y la familia de la víctima, se ordenó al tribunal que formulase un cargo más grave contra los agentes. Al concluir el año, el caso seguía siendo investigado.
La investigación sobre las denuncias de malos tratos a detenidos en la comisaría de la policía autonómica catalana de Les Corts, en Barcelona, continuó avanzando con lentitud. En un incidente ocurrido en marzo de 2007, varios agentes propinaron golpes y patadas e insultaron a un detenido. Los malos tratos fueron grabados por cámaras de vigilancia ocultas. Se abrió una investigación penal y cinco agentes fueron suspendidos de empleo y sueldo, pero el 16 de enero se reincorporaron a sus funciones en espera del resultado de las investigaciones. En junio, la fiscalía acusó formalmente a los agentes de falsedad en documento policial y de una falta de lesiones. El fiscal pidió una pena de cuatro años y medio de cárcel por el delito de falsedad y otra de 15 meses de cárcel y una multa por un delito contra la integridad moral y una falta de lesiones. Al concluir el año todavía no se había fijado fecha para el juicio.
Casi tres años después de que Mohammed Fahsi fuese presuntamente torturado durante su reclusión en régimen de incomunicación en enero de 2006, no se había abierto ninguna investigación penal sobre las denuncias. Se solicitó la apertura de investigaciones al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía de Madrid, pero ambos organismos respondieron que no había razones para ello.
El 5 de enero, dos presuntos miembros de ETA fueron detenidos y recluidos en régimen de incomunicación por agentes de la Guardia Civil en Mondragón (Guipúzcoa). Según informes, ambos fueron sometidos a malos tratos durante el arresto, y uno tuvo que ser ingresado posteriormente en un hospital de San Sebastián con dos costillas rotas y perforación pulmonar. El Juzgado de Instrucción n.º 1 de San Sebastián abrió de inmediato una investigación sobre las denuncias de malos tratos, que al concluir el año no había finalizado.
Devolución (refoulement)
El 22 de julio, Basel Ghalyoun fue devuelto a Siria, a pesar de que podía correr riesgo de tortura y detención arbitraria en ese país. El 17 de julio, el Tribunal Supremo lo había absuelto de su implicación en los atentados con bombas perpetrados contra trenes de cercanías en Madrid el 11 de marzo de 2004, por lo que Basel Ghalyoun fue excarcelado. Tras su liberación fue inmediatamente puesto bajo custodia policial en virtud de una orden de expulsión, dado que su permiso de residencia había expirado mientras se encontraba en prisión. Ni él ni su abogado habían sido informados de la orden de expulsión, y su abogado no pudo recurrirla antes de que Basel Ghalyoun fuese expulsado. A su llegada a Siria, Basel Ghalyoun fue detenido y recluido en régimen de incomunicación en un lugar no revelado.
El 31 de diciembre, Murad Gasayev, ciudadano ruso de origen checheno, fue extraditado a Rusia a pesar de que existían indicios de que correría riesgo de sufrir tortura y otros malos tratos, así como de ser sometido a juicio sin las debidas garantías. La Audiencia Nacional autorizó la extradición aceptando las «garantías diplomáticas» ofrecidas por la fiscalía rusa de que Murad Gasayev podría ser visitado en prisión por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura. El Comité informó a las autoridades españolas de que no aceptaría esa responsabilidad debido a los graves motivos de preocupación existentes acerca de la fiabilidad de esas «garantías diplomáticas». A pesar de ello, las autoridades españolas extraditaron a Murat Gasayev con la condición de que miembros de la Embajada de España en Moscú pudieran visitarlo.
Abusos cometidos por grupos armados
ETA se declaró responsable del homicidio de cuatro personas en 2008 y de numerosos atentados con bombas. El 2 de abril, el diario Gara publicó amenazas de ETA contra miembros del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) –en el gobierno–, del Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV) y de la red pública de radiotelevisión vasca (Euskal Irrati Telebista, EiTB). Dos militares murieron en sendos atentados con bomba, cuya autoría reivindicó ETA, contra un cuartel de la Guardia Civil en mayo y contra una academia del ejército en septiembre.
El 7 de marzo, dos días antes de las elecciones generales, Isaías Carrasco, ex concejal del PSOE, murió por disparos en el País Vasco en un atentado reivindicado por ETA. Isaías Carrasco recibió varios disparos frente a su casa en Mondragón y su muerte se certificó en el hospital.
El 3 de diciembre, Ignacio Uría Mendizábal, copropietario de una de las empresas de construcción que trabajaban en la ruta del tren de alta velocidad que conectará el País Vasco con Madrid, murió por disparos. ETA reivindicó la autoría del crimen. En agosto, ETA se había responsabilizado de tres atentados con bombas contra empresas que participaban en los trabajos de construcción de la línea férrea, a las que había amenazado.
Seguridad y medidas antiterroristas
Tanto el relator especial de la ONU para la protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo como el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresaron su preocupación por que la definición de terrorismo en algunos artículos del Código Penal español podía incluir actos que no debían englobarse en esta categoría. También reiteraron los llamamientos a España, que se venían haciendo desde hacía tiempo, para que aboliera la legislación que permitía la detención en régimen de incomunicación de personas acusadas de delitos relacionados con el terrorismo. Siguiendo el ejemplo de las policías autonómicas catalana y vasca, las autoridades estatales anunciaron que se instalarían cámaras de vídeo en los calabozos de la Audiencia Nacional donde se recluía a los detenidos en régimen de incomunicación, como una medida precautoria contra la tortura y otros malos tratos. Sin embargo, su uso no era obligatorio y debía ser solicitado por el juez instructor en cada caso.
Continuó la investigación judicial en la Audiencia Nacional sobre presuntos vuelos fletados por la CIA para entregas extraordinarias y sobre aviones militares estadounidenses que hicieron escala en aeropuertos militares españoles o atravesaron el espacio aéreo español. El gobierno aportó información a la investigación en relación con varios vuelos con origen o destino en la base estadounidense de Guantánamo entre 2002 y 2007. En diciembre se filtraron a la prensa documentos oficiales de alto secreto, fechados en enero de 2002, que confirmaban que las autoridades españolas del momento habían autorizado con pleno conocimiento el uso de bases militares españolas para el traslado de detenidos a Guantánamo, a petición de las autoridades estadounidenses.
El 5 de marzo, la Audiencia Nacional anuló las órdenes europeas de detención cursadas en diciembre de 2007 contra Omar Deghayes y Jamil el Banna, y dio por concluido el sumario contra ellos. Los dos hombres habían regresado a Reino Unido en diciembre de 2007 después de pasar varios años bajo custodia estadounidense en Guantánamo. Las autoridades españolas los buscaban por cargos relacionados con el terrorismo. La Audiencia Nacional ordenó archivar los procedimientos contra Omar Deghayes y Jamil el Banna, declarando que, si bien los hechos perseguidos en España eran anteriores a la detención de los hombres en Guantánamo, cualquier evidencia aparecida posteriormente que pudiera tener relación con la reclusión de ambos en Guantánamo sería inadmisible como prueba y contaminaría el procedimiento. La Audiencia también concluyó que, en vista de los problemas de salud que padecían los acusados, sería inhumano continuar con el proceso. La Audiencia señaló que ambos hombres habían sido sometidos a tortura y otros malos tratos durante su detención por un periodo de tiempo prolongado al margen del Estado de derecho en el centro de detención de Guantánamo.
Personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo
Numerosas personas migrantes y solicitantes de asilo seguían arriesgando sus vidas al intentar llegar a España a través de peligrosas rutas marítimas y terrestres, y sufriendo en el camino los abusos de las redes criminales y de las fuerzas de seguridad. Los acuerdos de readmisión firmados entre España y numerosos países del norte y oeste de África no incluían garantías adecuadas en materia de derechos humanos. Se creía que la intensa presión ejercida por España y otros países de la UE para impedir la migración irregular era la causa de las detenciones y expulsiones masivas de posibles migrantes irregulares en Mauritania.
Violencia contra mujeres y niñas
Tres años después de la promulgación de una ley contra la violencia de género, las mujeres que habían sido víctimas de tales abusos continuaban encontrando obstáculos para obtener asistencia médica y acceder a la justicia en algunas partes de España. Las mujeres migrantes en situación irregular se enfrentaban a dificultades especiales. En 2008, según datos del gobierno, 70 mujeres murieron a manos de su pareja o ex pareja; 34 de ellas eran de nacionalidad extranjera.
Menores de edad en el centro para menores extranjeros no acompañados La Esperanza, Tenerife (España), 16 de junio de 2008.
© Amnesty International
Sylvina Bassanni y su pareja, Andrés Marzal, murieron a manos del ex esposo de Sylvina el 10 de abril. En septiembre de 2006, Sylvina Bassanni había declarado ante un tribunal que temía por su vida, ya que su ex esposo la había amenazado con matarla en reiteradas ocasiones. También había quebrantado varias veces una orden de alejamiento sin que se hubiera tomado ninguna medida contra él. Sylvina Bassanni pidió al tribunal en otras 28 ocasiones protección y que se adoptasen medidas para investigar los hechos, pero todas sus peticiones fueron rechazadas o quedaron sin respuesta. Seis días después de su muerte, su abogado recibió una notificación en la que el tribunal respondía a sus peticiones, algunas de ellas cursadas hacía
más de un año, y en la que se le comunicaba que la fiscalía había retirado la causa contra su ex esposo.
Racismo
Continuaron denunciándose ataques racistas cometidos por personas a título individual, y casos de tortura y otros malos tratos con un componente racista a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Según la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, España era uno de los tan sólo cinco Estados miembros que no publicaban datos oficiales sobre las denuncias y procedimientos penales relacionados con delitos racistas.
Desapariciones forzadas
Al concluir el año aún no se habían desarrollado los protocolos de procedimiento y el proceso de localización de fosas que exigía la Ley de Memoria Histórica, promulgada en diciembre de 2007. En octubre, un juez instructor de la Audiencia Nacional abrió una investigación sobre una cifra estimada de 114.266 desapariciones forzadas ocurridas durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura de Franco. La fiscalía recurrió la apertura del proceso, solicitando la aplicación de la Ley de Amnistía de 1977 prevista para todos los delitos con componentes políticos cometidos hasta ese año. También alegó que los presuntos delitos habían prescrito.
El 2 de diciembre, la Audiencia Nacional se declaró no competente para investigar crímenes de esa índole y dio por cerrada la investigación. Sin embargo, el juez instructor falló que los juzgados de instrucción territoriales eran competentes para investigar esos crímenes si se habían cometido en su jurisdicción, y el 26 de diciembre remitió información a varios juzgados territoriales para que continuasen investigando presuntos casos de desapariciones forzadas, así como la sustracción ilegal de 30.960 niños y niñas a sus familias.
Visitas de Amnistía Internacional
Una delegación de alto nivel de Amnistía Internacional visitó España en junio.
Una delegación de Amnistía Internacional visitó España en octubre.
Informes de Amnistía Internacional
España: Amnistía Internacional pide una investigación independiente, exhaustiva e imparcial para establecer si hubo violaciones de derechos humanos durante la detención de Igor Portu (8 enero 2008)
España: No a los indultos para torturadores. El Tribunal Supremo confirma el indulto de cuatro policías declarados culpables de detención ilegal y malos tratos (19 enero 2008)
España: Información para el Comité de Derechos Humanos (1 junio 2008)
España: Amnistía Internacional condena la devolución de Basel Ghalyoun a Siria (22 julio 2008)
España: El gobierno autónomo catalán debe tomar medidas contra los agentes de policía condenados por tortura (1 diciembre 2008)
España: Amnistía Internacional condena el homicidio de Ignacio Uría Mendizábal (3 diciembre 2008)