sábado, 25 de julio de 2009

Venezuela

Aún se necesita voluntad política y recursos para erradicar la violencia doméstica

17 de julio de 2009- Después de un año del lanzamiento de su informe «Existe la ley, toca aplicarla». Erradicar la violencia doméstica en Venezuela, Amnistía Internacional entregó miles de firmas a las autoridades venezolanas, mostrando el apoyo nacional e internacional a su campaña "La violencia contra las mujeres es un delito".

Durante un encuentro organizado en Caracas por Amnistía Internacional Venezuela, más de 8.000 firmas fueron entregadas a la diputada Marelis Pérez, presidenta de la Comisión Permanente de la Familia, Mujer y Juventud de la Asamblea Nacional, para solicitar que las autoridades nacionales apliquen integralmente la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de 2007. Las firmas, recolectadas durante los últimos meses, provienen de ciudadanos venezolanos así como de países tan diferentes como Alemania, Australia, Brasil, Grecia, Islandia, Eslovenia, Sudáfrica y Uruguay, entre otros. Estas firmas acompañan una petición para que el gobierno de Venezuela tome todas las medidas necesarias para garantizar el acceso de las mujeres a sus derechos humanos.

Uno de los puntos centrales de la petición es la urgente necesidad de crear casas de abrigo para mujeres que huyen de relaciones violentas. En este sentido, cabe subrayar que el gobierno nacional y los gobiernos estatales y locales aún deben dar curso a su obligación de construir casas de abrigo en cada una de sus dependencias, como explícitamente esta previsto en la Ley Orgánica (art. 32).

De la misma manera, el Ministerio del Interior y Justicia debe garantizar que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley reciban formación sobre cómo aplicar la legislación pertinente y sobre cómo tratar a las víctimas de violencia doméstica, lo cual también está establecido en la Ley Orgánica (art. 26). Las deficiencias de los actuales programas de formación conducen a que la mayoría de las mujeres que quieren presentar denuncias por malos tratos continúen sin recibir protección adecuada y sin obtener justicia y reparación.

"La diputada Marelis Pérez nos informó sobre una iniciativa que recién comienzan a impulsar para conformar una red nacional de órganos receptores de denuncia, a la que se le brinde el apoyo formativo y de difusión que requieren para realizar su trabajo de manera óptima", dijo Ana Barrios, directora del programa de Educación, Promoción e Investigación en Derechos Humanos de Amnistía Internacional Venezuela. "Por nuestra parte ofrecimos el apoyo a las actividades de formación, capacitación y difusión".

A pesar de los nuevos compromisos, aún se necesita voluntad política y recursos para hacer realidad la Ley Orgánica de 2007, y así dar un paso decisivo hacia la erradicación de la violencia doméstica en Venezuela. Más de 8.000 hombres y mujeres han unido su voz al llamamiento de Amnistía Internacional para que el gobierno de Venezuela y los gobiernos estatales y locales cumplan con el compromiso asumido de garantizar una vida libre de violencia a todas las mujeres. Ya es hora de que las autoridades competentes tomen en serio este compromiso.

Información complementaria

El informe «Existe la ley, toca aplicarla». Erradicar la violencia doméstica en Venezuela (AMR 53/001/2008), fue lanzado el 16 de julio de 2008, como parte de la campaña global "No más violencia contra las mujeres". En Venezuela, la campaña de Amnistía Internacional se dirige principalmente a lograr que todas las autoridades competentes, en particular el gobierno nacional y los gobiernos estatales y locales, apliquen integralmente la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de 2007. Esta ley es una valiosa herramienta para garantizar el acceso de las mujeres a sus derechos, y ofrece a miles de ellas la posibilidad de mejorar realmente sus vidas. Sin embargo, su aplicación todavía dista mucho de ser satisfactoria. En particular, preocupa la falta de refugios para mujeres que huyen de relaciones violentas -en todo el país sólo hay dos casas de abrigo gestionadas por las autoridades nacionales- así como de programas de formación para agentes de policía encargados de gestionar las denuncias de violencia doméstica.

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