No retrocedamos en la pena de muerte14 de julio de 2009 - El gobierno de Papúa-Nueva Guinea debe abolir la pena de muerte en lugar de reinstaurarla. Así lo han manifestado Human Rights Watch y Amnistía Internacional en una carta conjunta al Dr. Allan Marat, ministro de Justicia y fiscal general. En la carta, fechada el 10 de julio, las dos organizaciones de derechos humanos criticaban las declaraciones de autoridades gubernamentales de Papúa-Nueva Guinea que pedían que se tomaran medidas para poder llevar a cabo ejecuciones.
Algunos delitos violentos cometidos recientemente, como el presunto homicidio de cuatro niños a manos de su madre, han llevado a las autoridades a declarar que estaban considerando la posibilidad de reanudar las ejecuciones. Allan Marat dijo recientemente a los periodistas que su oficina está redactando la normativa necesaria para llevar a cabo ejecuciones. Papúa-Nueva Guinea no ha llevado a cabo ninguna ejecución desde 1954, pese a que el Parlamento reinstauró en 1991 la pena de muerte para el asesinato con premeditación.
"La reanudación de las ejecuciones supondría un retroceso tremendo para Papúa-Nueva Guinea, y apartaría al país de la tendencia imperante tanto en la opinión como en la práctica mundial", ha manifestado Zama Coursen-Neff, director adjunto de la División de Derechos del Niño de Human Rights Watch. "Papúa-Nueva Guinea debe reforzar su sistema de justicia penal, pero no hay pruebas de que la pena de muerte tenga un efecto disuasorio real frente a la delincuencia superior al de otras penas".
Amnistía Internacional y Human Rights Watch se oponen a la pena de muerte en todos los casos por considerarla una violación de derechos fundamentales: el derecho a la vida y el derecho a no ser sometido a penas crueles, inhumanas y degradantes. Las organizaciones han pedido a Papúa-Nueva Guinea que opte por abolir la pena de muerte y que ratifique el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Las organizaciones han pedido también al gobierno que refuerce su sistema judicial para que las personas declaradas culpables de delitos se enfrenten a penas justas conformes con las normas internacionales.
"La pena de muerte es una violación del derecho a la vida, y Papúa-Nueva Guinea dañaría su credibilidad si la reintrodujera", ha manifestado Apolosi Bose, investigador de Amnistía Internacional sobre Oceanía. "En lugar de eso, Papúa-Nueva Guinea debe proteger y respetar las garantías del derecho a la vida y del derecho a no ser sometido a trato cruel, inhumano y degradante establecidas en su propia Constitución y en instrumentos jurídicos internacionales con los que se ha comprometido.
La pena de muerte se ha abolido ya en la ley en 94 países, y sólo una pequeña minoría de países -25 en 2008- sigue llevando a cabo ejecuciones.
Pueden leer la carta (en inglés) de Human Rights Watch y Amnistía Internacional al Dr. Allan Marat, ministro de Justicia y fiscal general de Papúa-Nueva Guinea, en:
http://www.hrw.org/en/news/2009/07/10/carta-papua-new-guinea-minister-justice
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