Las familias desmontaron sus casas tras tres años de hostigamiento e intimidación por parte de las autoridades, y no tuvieron más remedio que aceptar una indemnización inadecuada por la demolición de sus casas.
“Amnistía Internacional condena enérgicamente este desalojo forzoso y el proceso sumamente irregular que ha conducido a él”, ha dicho Brittis Edman, investigadora de Camboya de Amnistía Internacional.
Las familias de Group 78 han vivido durante tres años bajo la amenaza del desalojo forzoso, sin que las autoridades camboyanas les hayan proporcionado ninguna de las salvaguardias que exige el derecho internacional.
“El caso de Group 78 no siguió el debido proceso y a los afectados se le negó la justicia. El ayuntamiento de Phnom Penh no hizo intento alguno de consultar adecuadamente a la comunidad afectada o estudiar alternativas viables al desalojo”, ha dicho Brittis Edman. “Esto convierte en una farsa la obligación del gobierno de proteger el derecho a la vivienda”.
El ayuntamiento emitió una notificación final de desalojo a Group 78 en abril de 2009 y en una serie de reuniones posteriores las autoridades municipales, incluido el teniente de alcalde de Phnom Penh, advirtieron a la comunidad que la policía y la policía militar demolerían sus casas si no aceptaban la indemnización que se les ofrecía. La comunidad también había sido informada de que hasta 700 efectivos de las fuerzas de seguridad habían sido movilizados para el desalojo.
El Gobierno de Camboya ha fallado sistemáticamente a la hora de garantizar el derecho a una vivienda adecuada y de proteger a su población contra los desalojos forzosos. Sólo en 2008, Amnistía Internacional recibió informes sobre 27 desalojos de este tipo, que afectaban a unas 23.000 personas.
En el marco de la campaña Exige Dignidad, presentada en mayo de 2009, Amnistía Internacional reitera sus llamamientos al gobierno para que ponga fin a los desalojos forzosos y suspenda todos los desalojos masivos hasta que haya un marco legal que proteja los derechos humanos.
Mediante esta campaña, la organización pide a los Gobiernos de todo el mundo que tomen todas las medidas necesarias, incluida la adopción de leyes y políticas que se ajusten al derecho internacional de los derechos humanos, para prohibir y evitar los desalojos forzosos.
Información complementaria
La campaña Exige Dignidad de Amnistía Internacional tiene como objetivo poner fin a las violaciones de derechos humanos que generan y exacerban la pobreza mundial. Esta campaña movilizará a personas de todo el mundo para exigir que gobiernos, grandes corporaciones y otros individuos y organizaciones con poder escuchen las voces de quienes viven en la pobreza y reconozcan y protejan sus derechos.
Los desalojos forzosos son aquellos que se llevan a cabo sin notificarlo adecuadamente ni consultar con los afectados, a quienes no se les proporcionan salvaguardias jurídicas ni se les garantiza alojamiento alternativo adecuado. Según el derecho internacional, incluido el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Camboya no puede llevar a cabo desalojos forzosos y debe proteger de ellos a su población.
Para más información sobre desalojos forzosos en Camboya, véase:
- Camboya: ¿Desarrollo urbanístico o reasentamiento de viviendas precarias? La vivienda es un derecho humano, Amnistía Internacional, mayo 2009.
Categorías: Asia y Oceanía, Derechos económicos, sociales y culturales, Pobreza
Más información
Gabinete de prensa de la Sección Española de Amnistía Internacional, Telf., 91 310 12 77
Centro de Documentación de AI: doc.es.amnesty.org.
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