19 junio 2009
El crecimiento económico experimentado por Túnez en las últimas décadas ha mejorado quizá la condición de numerosos tunecinos, pero no ha beneficiado a todos. Y según Amnistía Internacional, no se ha visto acompañado tampoco de un disfrute mayor de los derechos humanos.
El fuerte contraste socioeconómico entre el norte y el sur del país se manifestó de forma patente durante las muestras de malestar social registradas en la región sudoccidental de Gafsa en 2008. Manifestaciones pacíficas llevadas a cabo por trabajadores y jóvenes desempleados fueron disueltas por los cuerpos de seguridad haciendo uso excesivo de la fuerza y se saldaron con detenciones arbitrarias, torturas u otros malos tratos y encarcelaciones tras juicios injustos.
Este mes se cumple el primer aniversario del punto álgido de la oleada de protestas, originada por los procedimientos de contratación de trabajadores de la Empresa de Fosfatos de Gafsa en Redeyef, percibidos como injustos, y la negación de derechos económicos, sociales y culturales. Las muestras de malestar social, iniciadas en enero de 2008, no tardaron en extenderse a otras ciudades y continuaron de manera ininterrumpida hasta julio de ese año.
Las fuerzas de seguridad tunecinas practicaron detenciones arbitrarias y recluyeron a unos 300 manifestantes de la región de Gafsa, a los que en muchos casos sometieron a torturas u otros malos tratos. Se procesó al menos a 200 personas en relación con las manifestaciones y algunas de ellas cumplen en la actualidad penas de ocho años de cárcel después de ser objeto de juicios injustos.
Se han impuesto penas de prisión a los sindicalistas considerados incitadores del malestar social registrado en Gafsa y los familiares de los reclusos siguen sufriendo actos de intimidación y acoso. Amnistía Internacional pide la excarcelación inmediata e incondicional de los sindicalistas perseguidos por haber sido los presuntos provocadores de los disturbios.
“Ha pasado ya un año, y a pesar del anuncio pregonado a los cuatro vientos por el presidente Ben Alí de que se abordarían los motivos de queja de la población, no se han registrado avances en ningún sentido”, ha señalado Hassiba Hadj Sahraoui, subdirectora del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“La investigación anunciada sobre la muerte de dos manifestantes no ha arrojado ningún resultado; sindicalistas como Adnan Hajji, Béchir Laabidi y Tayeb ben Othman siguen en la cárcel después de juicios injustos que constituyeron un remedo de justicia; se acosa a los familiares de los detenidos, y la situación general en la región de Gafsa continúa siendo en gran medida la misma”, ha añadido Hassiba Hadj Sahraoui.
Según un nuevo informe de Amnistía Internacional, los tunecinos siguen viviendo en un clima en el que no se toleran las críticas formuladas contra el gobierno o sus políticas y se reprimen sin miramientos las muestras de malestar social. En Túnez se restringe gravemente el derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación, requisito para poder protestar.
El informe, que lleva por título Behind Tunisia's 'economic miracle': Inequality and criminalization of protest, se ha hecho público coincidiendo con el primer aniversario de las detenciones de dirigentes sindicales y la violenta disolución de manifestaciones por las fuerzas de seguridad tunecinas. En él se examina la situación de los derechos humanos en el país y se describe cómo, mientras las regiones costeras y septentrionales y los destinos turísticos de Túnez se han beneficiado del crecimiento económico, las zonas rurales y meridionales sufren una marginación todavía mayor.
El centro, el oeste y el sur del país se han quedado muy rezagados en cuanto a acceso a infraestructuras básicas y servicios sociales. Como consecuencia de esta circunstancia, dichas zonas tienen tasas superiores de desempleo y analfabetismo. La población tiene también escaso o ningún acceso a agua no contaminada, a sistemas de alcantarillado, a servicios de saneamiento, a electricidad, a equipamiento doméstico y a una vivienda adecuada.
“Si las autoridades son sinceras cuando hablan de abordar la pobreza y la negación de derechos en la región de Gafsa, en lugar de tratar como delincuentes a manifestantes pacíficos, deberían ponerlos en libertad de inmediato; la población de Gafsa solo exigía dignidad y reclamaba sus derechos, nada más”, ha agregado Hassiba Hadj Sahraoui.
El informe se ha publicado en el marco de la campaña Exige Dignidad, lanzada por Amnistía Internacional en mayo de 2009. La campaña tiene por objeto denunciar y combatir las violaciones de derechos humanos que fomentan y ahondan la pobreza. En un principio se está centrando en cuestiones que, como las planteadas en Gafsa en 2008, ponen de manifiesto la relación entre la penuria, la inseguridad y la exclusión y la negación a las personas de la oportunidad de participar en decisiones que afectan a sus vidas. El objetivo general de la campaña es erradicar las violaciones de derechos humanos que perpetúan la pobreza.
En su informe. Amnistía Internacional pide a las autoridades tunecinas que:
- pongan en libertad de inmediato y sin condiciones a todos los presos de conciencia;
- inicien investigaciones independientes, imparciales y exhaustivas sobre la muerte de manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad;
- pongan en marcha investigaciones completas e imparciales sobre las denuncias de torturas y otros abusos a manos de las fuerzas de seguridad, pidan cuentas a los responsables y faciliten reparaciones a las víctimas;
- revoquen todas las leyes que penalizan las manifestaciones pacíficas; y
- proporcionen en todas las regiones igualdad de acceso a servicios públicos esenciales como agua, alcantarillado y asistencia médica.
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