Londres.- Amnistía Internacional acoge con satisfacción la decisión tomada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de celebrar una sesión especial sobre Sri Lanka el martes 26 de mayo.
“Por el bien de cientos de miles de personas vulnerables en Sri Lanka y por su propia credibilidad, el Consejo de Derechos Humanos debe asegurarse de que el gobierno de Sri Lanka toma medidas inmediatas y concretas para abordar esta crisis, empezando por proporcionar un acceso inmediato y sin trabas a los observadores y el personal de ayuda humanitaria internacionales”, ha dicho Sam Zarifi, director del Programa Regional para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional. “Ésta es también la oportunidad de crear una comisión internacional para abordar el largo historial de violaciones del gobierno y de abusos de los Tigres de Liberación y otros grupos paramilitares”. En su informe al Consejo de Derechos Humanos, Amnistía Internacional le insta a que ayude a los más de 250.000 civiles desplazados por los combates y que ahora están recluidos por el gobierno en los campos de internamiento de hecho donde viven en difíciles condiciones, sin seguridad, alimentos, agua ni atención médica adecuadas. Muchas de estas personas han sobrevivido semanas bajo intensos combates y están gravemente heridas, desnutridas, agotadas y traumatizadas.
Amnistía Internacional sigue recibiendo informes constantes de numerosas y graves violaciones de derechos humanos, como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura y otros malos tratos, reclutamiento forzoso a manos de grupos paramilitares y violencia sexual.
“Es importante señalar que los problemas de derechos humanos de Sri Lanka son anteriores y más amplios y persistentes que los relativos a la actual situación de crisis humanitaria”, ha dicho Sam Zarifi. “La actual catástrofe se produce en un escenario de constantes violaciones de derechos humanos, debilidad de los mecanismos institucionales de protección de estos derechos y años de cultura de impunidad para los perpetradores.”
Amnistía Internacional señala también que, además, los habitantes de Sri Lanka que viven en zonas controladas por los Tigres de Liberación llevan años sufriendo abusos, tales como hostigamientos, amenazas, desapariciones forzadas y reclutamiento de niños y niñas soldado. Los Tigres silenciaron rápida y brutalmente las voces críticas en la comunidad tamil.
Amnistía Internacional pide al Consejo de Derechos Humanos que:
- Inste al gobierno de Sri Lanka a que permita acceder de inmediato y sin trabas a organizaciones y observadores nacionales e internacionales, incluidas agencias de ayuda, organizaciones de derechos humanos y periodistas, a todas las zonas del país pertinentes para observar la situación y salvaguardar contra las violaciones de derechos humanos. La ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja deben tener acceso pleno e inmediato, como disponen sus mandatos, a lugares críticos, en particular a los puntos de inscripción y selección de las personas desplazadas, a todos los lugares de detención y a los campos de desplazados, para intentar evitar violaciones como la detención arbitraria, la tortura y otros malos tratos, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales. Tal acceso es igualmente fundamental para garantizar que la ayuda que tanto se necesita llega oportunamente a las personas desplazadas.
- Programe una misión de investigación de las denuncias de graves violaciones y abusos del derecho internacional humanitario y de derechos humanos perpetrados por las fuerzas de Sri Lanka y por los Tigres de Liberación durante las recientes hostilidades, con vistas a determinar los hechos y a formular recomendaciones sobre la mejor forma de lograr que sus autores rindan cuentas.
- Pida la creación de una misión de observación de la ONU eficaz para ayudar al gobierno de Sri Lanka a aplicar las reformas legislativas y de otro tipo que garantizarían los derechos humanos de todos los ciudadanos del país.
- Decida mantenerse atento a la situación en Sri Lanka una vez terminada la sesión especial, que marcaría el comienzo de una atención sostenida del Consejo de Derechos Humanos a la situación en el país.
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